El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, separó de sus cargos al director del penal de Huaral y otros tres altos funcionarios por su presunta responsabilidad en el irregular traslado de tres peligrosos delincuentes del establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Piedras Gordas al penal de Lurigancho, con el fin de tener menos control.
Según el presidente del INPE, Leonardo Caparrós, tras varios meses de paciente trabajo, la Oficina de Asuntos Internos del INPE detectó el traslado ilegal de los tres feroces secuestradores y asaltantes Alexander Peralta Otero *Pachuli*, Luis Lanazca Livia *Repucho* y Johnny Ayala Suárez *Gordo Johnny*.
En ese sentido, fueron separados de sus cargos el director de la Oficina Regional Lima, Henry Cotos Ochoa; el titular de la Subdirección de Seguridad de la Región Lima, Óscar Castillo Calderón; el encargado de las diligencias judiciales y traslados de Lima, Luis Mejía Medina, y el director del penal de Huaral, Manuel Silva Palacios.
Indicó que para el cambio de prisión se fraguó documentos y se pretextó una falsa diligencia judicial, que permitió que los delincuentes permanecieran irregularmente tres meses en Lurigancho.
Los documentos en los que se ordena el traslado fueron visados con sellos falsos del INPE y de juzgados y salas. Además, fueron recibidos vía fax, pero no tienen las características de haber llegado por ese medio.
Como parte de las investigaciones, el INPE solicitó la verificación de las resoluciones a los juzgados y salas de donde supuestamente provenían. Entre esos órganos figuran el Primer Juzgado Penal Transitorio de Huaura. No solo confirmaron la falsificación del documento, sino que aseguraron no tener ninguna causa abierta contra esas personas.
El objetivo del cambio a una cárcel hacinada y con un régimen cerrado ordinario era, según el presidente del INPE, tener más libertad de movimiento, un régimen de visitas más amplio y menos control para poder dirigir actos delictivos desde la prisión.
Los tres peligrosos hampones fueron devueltos hace una semana al centro penitenciario ubicado en el distrito de Ancón.
Falsas diligencias
Para trasladar a los delincuentes, los funcionarios primero fraguaban una orden judicial en la que se decía que el interno tenía una diligencia en el penal de Huaral, con esa orden era conducido a ese establecimiento, pero como no estaba programada ninguna audiencia el reo se quedaba una semana. Después, con otra falsa orden, el recluso era trasladado al penal de Lurigancho, que era su destino.
Estos hechos han sido comunicados a la Oficina de Control de la Magistratura, OCMA, a la Procuraduría del Ministerio de Justicia, para que haga la denuncia respectiva ante la fiscalía, al Ministerio del Interior y a los juzgados y salas cuyos nombres fueron empleados para fraguar las órdenes de traslado.
En informe que publica el diario El Comercio, Caparrós también informó que a los presuntos implicados se les ha tomado su manifestación y han negado cualquier responsabilidad, igualmente, los reclusos implicados tampoco han querido señalar a los responsables, solo se limitaron a decir que no sabían nada.
Peralta Otero está sentenciado por secuestro y robo agravado y tiene condena hasta mayo de 2018. Lanazca Livia, sentenciado por secuestro y terrorismo agravado, deberá cumplir condena hasta febrero de 2029 y Ayala Suárez deberá purgar cadena perpetua por los delitos de secuestro y terrorismo agravado.