La Defensoría del Pueblo advirtió hoy que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, establece restricciones que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión en el Perú al señalar que los medios de comunicación incurren en responsabilidad penal si difunden interceptaciones y grabaciones de conversaciones telefónicas no autorizadas por los interlocutores o por un mandato judicial.
Fernando Castañeda, Adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría afirmó que “si bien es un objetivo constitucionalmente legítimo que el TC busque la protección de la vida privada de las personas, el logro de este objetivo no puede establecerse al margen de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de libertad de expresión”.
En ese marco, advirtió que pese a que el Tribunal Constitucional no atribuye a la sentencia la fuerza jurídica de precedente vinculante, sí introduce y desarrolla como regla general que los medios de comunicación social incurren en responsabilidad penal si difunden y divulgan información proveniente de interceptaciones telefónicas, sin ser previamente autorizadas por los interlocutores o por la autoridad judicial competente.
«Ello, advirtió, constituye un mecanismo prohibido de censura previa».
Castañeda sostuvo que si bien el Estado peruano está obligado a establecer un marco normativo que asegure el respeto de los derechos fundamentales al honor, la buena reputación o la intimidad de las personas, ello no puede sustentarse en la creación de mecanismos directos e indirectos de censura previa.
Por ello exhortó al Estado peruano a observar sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, suprimiendo normas y actos de cualquier naturaleza que impliquen su vulneración.
Acto seguido el organismo defensorial reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión en el país y renovó su llamado a fortalecer un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, que supone la fiscalización y control del ejercicio del poder público y la formación de una opinión pública libre e informada.
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