Si algún resultado debe tener la demanda ciudadana en relación a la seguridad es la adopción de una agenda de grandes transformaciones que le permitan al Estado alcanzar los resultados tangibles en este campo. En esa dirección, es poco oportuna la sobreactuación de algunos sectores políticos que aprovechan el momento para un ajuste de cuentas con el gobierno.
Las experiencias internacionales y nuestros propios fracasos nos indican que el primer déficit se encuentra en la ausencia de una política pública, integral y transversal que comprometa al conjunto del Estado. Las propuestas y anuncios recientes respecto a la aprobación de una estrategia exclusiva del Ejecutivo constituyen medidas parciales que ya han demostrado su inviabilidad. Siendo el Gobierno, el responsable operativo y la Policía Nacional la encargada del orden interno, la cadena de la seguridad ciudadana incluye al Congreso, Fiscalía, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y el concurso activo de las regiones y municipios. De aquí en adelante todo esfuerzo que no sea transversal e integral estará destinado al fracaso.
Debe repararse en seis grandes campos de la seguridad ciudadana donde se demandan cambios. El primero nos remite a la adopción de leyes y reglamentos, aunque debe de reconocerse que desde 1996 el Congreso y el gobierno han aprobado decenas de normas de carácter criminal e institucional. Aun así, es correcto el pedido del Premier para que el Parlamento apruebe la Ley de Crimen Organizado.
Un segundo aspecto se refiere a la asignación de fondos. El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que para este año el presupuesto se ha incrementado a 1,300 millones de soles. Este dato grueso amenaza en ser una cifra con resultado estéril a razón de corresponder al esquema agotado. Por ejemplo, no se tiene una información sobre los recursos a invertir para acabar con el sistema de 24 x 24 que reduce al 50% el servicio policial.
Un tercer elemento lo constituyen los compromisos del Poder Judicial y del Ministerio Público respecto al servicio de justicia. La policía se queja de que sus logros en materia de inteligencia y captura se estrellan frente a la impunidad de los delincuentes en la Fiscalía y juzgados. En este punto, es importante atender la propuesta de reforma realizada por el presidente del Poder Judicial que apunta a un mayor control de los reincidentes.
Un cuarto aspecto se relaciona a la ruptura del inmovilismo en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos y los delitos particularmente violentos, que obliga a mejorar los servicios de inteligencia para combatir la ola de extorsiones que suceden en la costa norte y que ha avanzado hacia Lima e Ica. Implica también resolver los pendientes en la lucha contra el narcotráfico, como el juzgamiento de las grandes bandas, la judicialización de los casos de lavado de activos en base a la información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el control de los insumos químicos. Es extraño que en 10 años el Estado no haya podido instalar dos garitas móviles en los accesos al Vraem y Alto Huallaga para evitar el suministro químico para producción de cocaína.
Un quinto aspecto se refiere al control de los llamados delitos menores, el combate a las pandillas y a la violación de las normas penales que no constituyen el crimen organizado. Varias teorías apuntan a que una sociedad que no castiga el delito menor genera su escalamiento. Este tema se extiende también al control de las cárceles, escuelas avanzadas del delito. El control de las comunicaciones y la organización de las prisiones, para recuperar el principio de la autoridad, son imperativos.
Un sexto tema, al que no se reduce la seguridad ciudadana pero es una condición indispensable de ella, es la reforma policial que tenga como objetivo eliminar la corrupción, mejorar la formación y la rotación del efectivo. La reforma policial es un sentido común imposible de los últimos 20 años. Sin ella no habrá seguridad ciudadana exitosa.