[Espacio Compartido] Una de las tareas que nos deja pendiente el 2009 es solucionar los problemas de seguridad. Allí no había “piloto automático” que mantener, hasta hoy no se han encontrado personas idóneas para diseñar y conducir las políticas –si es que alguna existe- ni se le dio la real importancia que el tema tenía.
Algunos hechos objetivos nos ayudan a graficar esta aseveración.
En los 29 meses que va del actual gobierno, han pasado por el sector Interior cinco ministros – una media de menos de 6 meses en el cargo- y seis directores generales de la policía –la media es de menos de 5 meses cada uno-.
Imaginemos por un momento que la empresa en la que trabajamos cambia cada medio año de gerente general y cada uno de los que llega lo hace con nuevas ideas, aplica estrategias distintas –a veces incluso contradictorias- y desecha de plano lo que hicieron los anteriores buscando “inventar la rueda” con nuevos programas e ideas salvadoras.
La percepción de inseguridad y desconfianza en la policía han alcanzado niveles inimaginables en la población: el 95,7% se siente poco o nada segura; el 74,2% piensa que el delito ha aumentado en el último año; sólo denuncian un hecho a la PNP el 35,4% -el 59,7% no denuncia porque “no sirve para nada”- el 55,3% piensa que la corrupción es el principal problema de la PNP y el 91,1% cree que el gobierno está haciendo poco o nada por la policía (VI Encuesta Anual Seguridad Ciudadana, GOP Univ. de Lima, Noviembre 2009).
Los delincuentes se han vuelto cada vez más violentos y osados ante la inacción de las autoridades encargadas de brindarnos seguridad. Son comunes las extorsiones a los empresarios –sobre todo en el norte del país- sin que hasta la fecha se encuentren soluciones. El accionar del pandillaje y las barras bravas es frecuente y los que los practican son cada vez más jóvenes. Han regresado los asaltos a entidades bancarias hecho que ya habíamos erradicado del país desde hace más o menos 10 años.
Se ha convertido en “deporte nacional” tomar de rehenes, agredir o asesinar a policías al realizar protestas sociales (bosque de Pomac, Bagua, reclamos mineros, bloqueos de carreteras, etc.).
Lo peor de todo es que luego de producidos los hechos con lamentables pérdidas para la PNP, llegan representantes del gobierno y acceden a todas las peticiones; no existen consecuencias legales para los autores de dichos actos; se envía a los policías a operar sin equipamiento ni condiciones mínimas indispensables (viáticos, alimentación, uniformes, etc.); y al final no reciben respaldo político ni legal cuando se les imputa ineficiencia profesional o la comisión de algún delito.
Las respuestas demagógicas no se han hecho esperar: prisión efectiva, aumento de penas, disminución de la edad penal, sospecha que existe un “escuadrón de la muerte” en Trujillo –que en el colmo de la desesperación el 47% de la población aprueba (IPSOS Apoyo, Encuesta Nacional para “El Comercio”, Diciembre 2009)-, leyes que “blindan” a las fuerzas del orden cuando hacen uso de sus armas, etc.
La inseguridad y la violencia no sólo son problemas particulares de los ciudadanos sino que repercuten en el desarrollo del país. El costo económico promedio de la violencia en América Latina es de 14,2% del PBI (BID, 2000).
Los gastos en seguridad en que deben incurrir nuestras empresas inciden en su competitividad poniéndolas en desventaja frente a otras cuyos índices de inseguridad no son tan elevados.
Ha llegado el momento de reconocer la gravedad del problema y, más allá de diferencias políticas, convocar a especialistas en el tema para que, sobre la base de propuestas de políticas integrales, realistas, coherentes y de corto, medio y largo plazo, promuevan un gran consenso nacional que nos permita superar la grave situación actual.