En su columna «Cumplir Acuerdo y Comunicar«, publicada el pasado 9 de marzo por el diario El Comercio, el politólogo Manuel Bernales consideró que sectores ultra y antigubernamentales reiteran que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece «una especie de soberanía para indígenas en zonas especiales», lo que dijo es inaceptable para cualquier gobierno.
Recordó que el Informe Mundial de la OIT, que señala incumplimientos del Gobierno Peruano, puede ser manipulado o usado «para reeditar muertos y heridos por violencia urbana, policías desarmados y asesinados por sus carceleros, un mayor “desaparecido”, toma de carreteras, movilizaciones con mezcla de verdades y mentiras, grave desinformación, organizaciones políticas antiestatales que sacan provecho, y el cultivo de una hegemonía religiosa que mueve resortes de diálogo, pero también falso espíritu de cuerpo para mantener sus posiciones».
Añadió que también puede ser mal utilizada para los mismos fines una comunicación que, en la misma línea del Informe de la OIT, envió el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los pueblos indígenas, James Anaya. «Ambos documentos son esgrimidos por alianzas internas e internacionales contra algunas políticas del Gobierno y del Estado peruanos», dijo.
«Se exige al Ejecutivo aplicar sin demora todo el Convenio 169 de la OIT. En las mesas de diálogo tripartitas dije, como consta en actas, que también es exigible el Convenio Internacional Unesco de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural, puesto en vigor por este gobierno», agregó.
Bernales estimó que una mirada geopolítica y estratégica hace reflexionar sobre la consulta libre e informada para mejorar decisiones estatales con participación efectiva de los consultados. En ese sentido, afirmó que «el 97% de los peruanos también debe ser consultado por otras vías, salvo que se quiera afirmar que no hay una nación peruana en diversidad de partes integrantes, o que las consultas están sobre la Constitución y las leyes, y sustituyen la institucionalidad pública».
Con relación a la comisión que investigó los hechos de Bagua, el politólogo consideró que el informe de la OIT y Anaya mezclan hechos ciertos, principios y normas vigentes con datos falsos. «Usan los mismos argumentos que repite la campaña anti-García y anti-Estado», señaló.
«Dicen que la comisión especial para Bagua era gobiernista y digitada por García, ¡pero fue designada por unanimidad por 10 representantes de 2 centrales de indígenas amazónicos, 11 presidentes de gobiernos regionales amazónicos y 6 ministros! También que solo 2 de los 6 comisionados fueron del Ejecutivo, que se evade responsabilizar al Gobierno, ¡pero días antes el presidente hizo público un breve mea culpa “moderatto cantabile” y otras autoridades del Estado señalaron inequívocos errores o decisiones inaceptables!», expresó.
Finalmente, detalló que la referida comisión especial hizo 54 recomendaciones —16 al Poder Ejecutivo— para que errores estatales, el ilegal uso de la fuerza por particulares y sus previsibles consecuencias nunca se repitan.