El sector minero genera el 63% de conflictos socioambientales que se registran en nuestro país, sostuvo el comisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Manuel Lévano, quien señaló que la mayoría de mesas de diálogo que se instalan para solucionar las demandas de las poblaciones, no logran resultados exitosos tras largos períodos de gestión.
“Está claro que los conflictos socioambientales han aumentado en los últimos tres años, sobre todo porque también ha crecido la inversión en nuestro país. El sector minero es el que tiene el mayor número de casos con un 63%, según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo”, afirmó en el programa Diálogo Ambiental de INFOREGIÓN.
El funcionario de la Defensoría del Pueblo indicó que otros sectores que también han generado gran conflictividad socioambiental son los hidrocarburos, energía, los problemas con los residuos sólidos y los rellenos sanitarios.
“La población ve con mucha desconfianza los proyectos de los sectores hidrocarburos e hidroenergéticos”, anotó.
En otro momento, Lévano advirtió que el Estado debe tener mucho cuidado en que las demandas sociales, muchas de ellas muy legítimas, sean utilizadas por intereses políticos de terceros en medio de un escenario electoral.
“Las demandas de la población deben seguir un canal institucional, y que ese proceso se cumpla también es labor de los funcionarios estatales”, explicó.
Mesas de diálogo y violencia
También lamentó que gran parte de las mesas de diálogos que están orientadas a solucionar los conflictos, se hayan instalado tras situaciones de mucha violencia.
“El diálogo, la mayoría de veces, es producto de la acción violenta de actores que buscan este mecanismo ante la desatención del Estado”, subrayó Lévano, tras recordar que hay un trabajo pendiente muy grande en cuanto a prevención en el aparato estatal.
Además, enfatizó que el trabajo de los funcionarios estatales, desde el funcionario menor que va a informar a los pobladores sobre un proyecto que se va a desarrollar, es generar confianza en la población.
“Si el funcionario identifica una situación de controversia, debe ubicarla y canalizarla, eso es prevención. Los funcionarios del aparato estatal deben visualizar y canalizar las demandas e inquietudes de la sociedad y evitar así que ocurran situaciones violentas que terminan con muertes”, aseveró.