El ejercicio del periodismo en zonas convulsionadas debido al contrabando de combustibles, la tala ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo, entre otros delitos y crímenes, nos obligan a pensar -en este tercer aniversario- acerca del papel del periodismo y a asumir responsabilidades más firmes con la información, la variedad de fuentes y la necesidad de aportar a una sociedad más justa y solidaria.
De manera auspiciosa, el Gobierno inició ayer su plan piloto para eliminar el sistema 1 × 1, para devolver a la vigilancia y al patrullaje en las calles a un mayor número de policías. La reacción de la ciudadanía ha sido positiva, por lo menos, en Comas y en el Callao, donde se ha aplicado esta medida.
Se comenta con entusiasmo que el gobierno de Ollanta Humala no seguirá con la ‘guerra contra las drogas’, porque se le considera una política injusta que ha fracasado. Ni el presidente electo sabría con precisión cuál sería la nueva estrategia. Lo que es claro es que se eliminaría o disminuiría notoriamente la erradicación de la coca ilegal.
La mayor amenaza a la gobernabilidad y a nuestras posibilidades de seguir creciendo en términos económicos es el narcotráfico. El segundo gobierno del señor Alan García está dejando al país como el primer exportador de cocaína en el ámbito mundial, por encima de Colombia, y con partes del territorio nacional liberadas por el crimen organizado y el terrorismo.
A dos meses de las próximas elecciones generales, aún no tenemos una propuesta explícita de los candidatos al sillón presidencial sobre las estrategias antidrogas que aplicarían de llegar al poder, para enfrentar un flagelo que nos ha convertido en el primer exportador de cocaína.
A propósito de la última CADE, queda claro que ha llegado el momento de que los empresarios reflexionen también de manera seria sobre la corresponsabilidad que tienen en el problema de las drogas que azota al Perú desde más de tres décadas.
Varios factores explican este crecimiento. El primero es que los narcotraficantes están pasándola de maravilla, pues, no tienen mayores contratiempos con los sistemas de control. Prueba de ello, es que en el 2009 la Policía Nacional incautó apenas 10 toneladas de cocaína, de las 302 que producimos; mientras que las autoridades colombianas superaron las 203 toneladas.
Ayer se presentaron en Huamanga los integrantes del denominado Movimiento por la Amnistía, que piden que el cabecilla terrorista Abimael Guzmán sea considerado preso político y, con ello, que sea amnistiado y junto a él varios de los integrantes de Sendero Luminoso que hoy están presos y que en la década del 80 generaron la muerte de personas inocentes. A continuación reproducimos el editorial publicado por el diario Jornada de Huamanga.
La legislación antiterrorista del gobierno de Fujimori terminó convirtiendo a los asesinos de Sendero Luminoso y el MRTA en víctimas. Veamos cómo ocurrió esto.
El tráfico de drogas y los cultivos de coca ilegal están creciendo en el país con la complicidad de alcaldes timoratos y de organizaciones cocaleras que actúan como quintacolumnistas de intereses subalternos. Lo que acaba de ocurrir en la provincia puneña de Sandia escapa a todo sentido común y enerva la racionalidad.