Dejan mal parado a representante peruano en la OEA

El Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Santiago Cantón, aclaró que no es posible la reducción significativa de las demandas presentadas en contra del Estado Peruano ante ese organismo supranacional, tal como lo planteó Ántero Flores-Aráoz, embajador de nuestro país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Difunden alerta sobre amenaza a periodistas de INFOREGIÓN

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), gremio que convoca a los hombres y mujeres de prensa en todo nuestro país, difundió una alerta informativa sobre el caso de los periodistas de Tingo María, amenazados hace unos días por difundir la verdad sobre lo que acontece dentro del movimiento cocalero en el Alto Huallaga.

Congreso pide se mantenga cadena perpetua para dos violadores de hermanitos

La presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, invocó hoy a la Corte Suprema para que se respete la sentencia de cadena perpetua que inicialmente impuso la primera Sala Penal de Ica, en contra de Julio Ernesto Cancino Sotelo y Elisvan Jesús Vergara Ventura, culpables del delito de violación e intento de asesinato en contra de dos hermanitos de sólo seis y nueve años de edad.

PCM financiará reparaciones colectivas para 440 comunidades

La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) encargada de las reparaciones a las víctimas de la violencia, órgano presidido por el primer ministro, Jorge del Castillo Gálvez, aprobó financiar este año el Programa de Reparaciones Colectivas en beneficio de 440 comunidades afectadas por la violencia política ocurrida en nuestro país entre 1980 y el 2000.

Denuncian injerencia política por excluir a García, Mantilla y Giampietri de caso El Frontón

Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), denunció que la decisión de la Fiscalía, de excluir al mandatario Alan García, al primer vicepresidente, Luis Giampietri, y al ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, de las investigaciones por la matanza de internos en el penal El Frontón, en junio de 1986, constituye una inaceptable injerencia política.