Entre 2014 y en lo que va del 2023 han sido asesinados 26 defensores ambientales. Los crímenes se han cometido mayormente en aquellas zonas donde hay una mayor incidencia en la expansión de los monocultivos agroindustriales de palma aceitera, así como donde hay presencia de narcotráfico y hay invasión de territorios indígenas, manifestó la ingeniera forestal, investigadora y defensora ambiental Lucila Pautrat.
En el conversatorio “Defensores y defensoras en el Perú, ¿cuáles son los retos actuales para protegerlos”, organizado por el Centro Bartolomé de las Casas, la especialista reveló que ay un cambio en el modus operandi de estos actores económicos y de estas organizaciones criminales que están detrás de la violencia contra los defensores.
“Por un lado, hemos identificado algunos patrones a partir de los últimos hechos de este mes como es la mayor participación de las autoridades regionales y locales en el acoso, la criminalización e incluso los ataques que ha habido contra los defensores, y esto ha hecho que el propio Ministerio de Justicia, en el marco del mecanismo multisectorial de protección, tengo que replantear las estrategias de protección. Si bien es cierto, no estaban funcionando los anteriores, ahora la situación es mucho más crítica y delicada porque se han identificado, como se ha visto en el Vraem, que hay corrupción en las autoridades tutelares, lo que implica que estas participen de forma directa en los ataques contra los defensores”, dijo.
Para Pautrat Oyarzún, en este contexto, existe la necesidad de las medidas de protección y el cambio de estrategias es una tarea urgente y prioritarias que la tiene que analizar un equipo de especialistas con cierto margen de confidencialidad, porque la información de los defensores, así como de las medidas de seguridad que tienen está siendo vulnerada y filtrada.
“Además, existe una acción coordinada de las empresas con intereses en la usurpación e invasión de los bosques amazónicos, que vienen gestionando lobbys políticos y a nivel diplomático para alcanzar ciertos niveles de impunidad a sus actividades ilícitas, pero también hay una captura de las entidades públicas, en algunos casos del Ejecutivo, gobiernos regionales y también el Congreso, para modificar normas que las beneficien, como es el caso de la ley forestal”, indicó.
La defensora ambiental considera que estamos en una situación grave y muy preocupante, en la cual si bien es cierto el Ministerio de Justicia hace un esfuerzo por implementar el mecanismo multisectorial de protección, el Minjus no podrá garantizar la protección a los defensores si no hay una acción coordinada de todo el Estado, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, entre otros.