Según el informe “El lavado de activos en el Perú: diagnóstico y propuestas”, es necesaria la coordinación multisectorial permanente para enfrentar el narcotráfico. En este estudio se recomienda dar fuerza y obligatoriedad a los acuerdos del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Lavado de Activos, que preside DEVIDA.
El estudio fue presentado por el titular de DEVIDA, Rómulo Pizarro, y el consultor de Macroconsult, Luis Alberto Arias. En sus conclusiones el documento también plantea el fortalecimiento de los sistemas de prevención del control del lavado de activos.
Arias Minaya señaló que otro de los aspectos contemplados por el informe es una revisión del sistema operativo y marco legal del delito de lavado de activos.
También consideró necesario que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, del Perú asuma el completo liderazgo del sistema antilavado de activos en todos sus procesos y etapas.
Para Macroconsult, la gestión de la UIF debe ampliarse para supervisar sectores fuera del ámbito financiero porque el lavado de activos también se realiza a través de otros mecanismos.
Otra tarea que debe realizar este organismo es hacer seguimiento a los Informes de Inteligencia Financiera, IIF, que envía al Ministerio Público para la investigación del delito porque su responsabilidad culmina actualmente con el envío del informe a la fiscalía.
Según el documento, el Perú se ubica en el puesto 12 de los países de América Latina que más dinero lava a través de canales bancarios y 14 en canales no bancarios.
En el Perú, la Policía Nacional identificó que las técnicas más utilizadas para el lavado de activos son el trabajo de “pitufo” canalizando depósitos menores a 10 mil dólares porque esta cantidad no está sujeta a supervisión financiera.
Poder Judicial debe actuar con mayor agilidad contra lavado de activos
Por su parte, la Procuradora Antidrogas, Sonia Medina, señaló que el Ministerio Público y el Poder Judicial son las instituciones que no funcionan a la velocidad necesaria para lograr un trabajo eficiente en la lucha contra el lavado de activos.
“Todas las instituciones estamos en algún déficit de actuación por diferentes razones, pero entre esas instituciones que no caminan a la misma velocidad puedo señalar al Ministerio Público y al Poder Judicial, aunque esta institución ha logrado buenos resultados en algunos casos judicializados y, por ello, necesitamos mayor agilidad y la aplicación debida de las normas”, enfatizó.
En otro momento, lamentó que las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos no puedan compartir la información necesaria para realizar las investigaciones.
“La propia norma hace que la Unidad de Inteligencia Financiera no pueda compartir información con la Procuraduría, y una situación similar ocurre entre otras instituciones. Se deben hacer muchas modificaciones, porque algunas de estas prohibiciones son negativas”, indicó.
Consideró necesario que se complemente la ley de lavado de activos y se rectifique la ley de pérdida de dominio. “Se debe reforzar esta norma, porque hoy es casi inaplicable y debido a la falta de voluntad de algunas instituciones”, anotó.