Se muestran a favor de hacer cambios a la nueva ley de justicia militar

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Alberto Salgado, se mostró a favor de efectuar cambios a la Ley Nº 29182 o Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial para que responda a los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos.


 


Salgado considera que los jueces y fiscales deben ser oficiales en retiro y el proceso de nombramiento debe ser a través de una instancia plural como el Consejo Nacional de la Magistratura, aunque aclaró que es una opinión personal.


 


El agente peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aclaró que el Congreso nombrará en los próximos días a su representante, que puede ser un legislador o un agente legal, para defender en la audiencia del 12 de marzo la promulgación de la Ley 29182 que ha sido cuestionada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.


 


Ambas organizaciones son peticionarias de una audiencia a la CIDH porque consideran que esa ley vulnera el espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicha audiencia busca mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas y no cuestionar al Estado peruano por presentas violaciones a los derechos humanos, precisó.


 


Finalmente, manifestó que su posición personal coincide con tres resoluciones emitidas en 2006 por el Tribunal Constitucional que cuestiona los alcances de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.


 


Por su parte, David Lobatón, director de proyectos del IDL, manifestó que son tres los cuestionamientos a ese dispositivo legal y serán sustentados en la audiencia de la CIDH en Washington: los fiscales y jueces castrenses deben ser oficiales en situación de retiro nombrados por el CNM, además los fiscales del Consejo Supremo de Justicia Militar formen parte de la estructura orgánica del Ministerio Público.


 


Y advirtió que si no se superan estos puntos, existe la posibilidad de presentar una demanda contra el Estado peruano ante la Corte Interamericana de San José porque se vulnera principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.