Después de una semana de suspensión, se inició del juicio oral del presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), Wilfredo Oscorima Núñez, los ocho consejeros regionales y los exfuncionarios por el presunto delito de negociación incompatible por la compra presuntamente irregular de maquinarias por casi 20 millones de nuevos soles.
El proceso que sigue la primera Fiscalía Corporativa Anticorrupción se aperturó pese a la inasistencia de dos de los acusados y la petición de suspensión del abogado del mandatario regional, César Nakasaki, el cual fue denegado por el Juez de turno, quien dictó se instale con los 13 procesados presentes.
Respecto a los dos acusados faltantes (el consejero por Cangallo, Eladio Huamaní Pacotaype; y el vacado legislador Alfonso Martínez, quien no asistió al juicio oral por segunda vez consecutiva), ambos fueron declarados como reo contumaz con orden de captura.
En primera instancia, el Fiscal que lleva el caso expuso las causales por las que se sigue a los procesados, donde al presidente regional, Wilfredo Oscorima se le acusó de ser el autor de los delitos de Negociación Incompatible, por haber avalado el desarrollo de la compra de las maquinarias bajo el amparo de una falsa emergencia.
Asimismo, el exgerente general Tony Hinojosa, el ex administrador Edwin Ayala Hinostroza y el entonces responsable de abastecimiento, fueron acusados de ser coautores de los mismos delitos que el mandatario regional. Mientras que el exsubgerente de Defensa Civil, Richer Reyes; el actual director del Servicio de Equipo Mecánico (SEM), Carlos Capeletti y el exdirector de Transportes y Comunicaciones, Pavel Torres Quispe, fueron procesados por haber emitido informes favorables sobre la presunta emergencia sin que ésta haya existido.
Respecto a los ocho consejeros procesados, entre ellos Víctor De la Cruz, Rosauro Gamboa, Sixto Ibarra, María Del Carmen Cuadros, Pavel Rojas, Eladio Huamaní, Walter Quintero y el exconsejero Alfonso Martínez, fueron declarados como cómplices primarios, porque según precisó con su actuar facilitaron el desarrollo del ilícito.
El fiscal aseguró que las evidencias serán presentadas durante todo el proceso para demostrar la responsabilidad de cada uno de los implicados, ya que, según dijo, existiría incluso un audio que prueba el direccionamiento de la compra hacia la Empresa Fereyros, sin dar oportunidad a otras empresas postoras en un normal proceso de licitación.
Por su parte, el Procurador Regional Anticorrupción, Cristina Loayza Gamboa dijo que su postura será la de buscar una reparación civil a favor del Estado, ya que con el actuar de cada uno de los procesados se hizo un mal gasto de los recursos económicos del Gobierno Nacional, los cuales serán reparados al demostrarse el ilícito.
Acotó que existen serias evidencias que demuestran los cargos que se le imputan a los procesados, entre ellos señaló el informe de los peritos contables y la supervisión de los responsables del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
A su turno, César Nakasaki dijo ante la sala que logrará comprobar que en el 2011 si hubo una situación de emergencia en Ayacucho, el cual generó la necesidad de adquirir las maquinarias para los trabajos en carreteras, deslizamientos y otros desastres naturales, puesto que no se tendría establecido como funciona el sistema de desastres en la región (Jornada)
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