Los periodistas peruanos rinden hoy homenaje a la memoria de su colega Jaime Ayala Sulca, un joven reportero que hace 30 años ingresó en misión periodística a un cuartel sin que desde entonces se haya vuelto a saber de él.
Aunque informes indirectos indican que Ayala, en cuya memoria se realizan diversos actos para reclamar sanción a los culpables, fue torturado hasta morir y clandestinamente enterrado, nada se sabe de sus restos y los responsables siguen impunes.
Ayala tenía apenas 24 años cuando el 2 de agosto de 1984 acudió al cuartel de la infantería de marina, en misión contrasinsurgente, instalado en el estadio de la ciudad de Huanta, en la región surandina de Ayacucho, donde operaba el grupo armado Sendero Luminoso.
Iba a reclamar porque la noche previa su casa había sido allanada por las tropas y estas habían maltratado a su familia. Hubo testigos que lo vieron entrar, pero nunca salió y a su esposa, Rosa Luz Pallqui, los uniformados le dijeron simplemente que no había ingresado.
Pallqui recuerda que su esposo había ido al cuartel también a indagar sobre el asesinato de seis evangélicos por uniformados, a los que tenía identificados, y que tal vez por eso fue desaparecido.
Un proceso judicial abierto por la desaparición de Ayala fue cerrado sin resultados porque el principal acusado, comandante Álvaro Artaza, conocido con el alias de «Camión» y jefe del cuartel de Huanta, fue reportado por la marina como secuestrado y presumiblemente muerto.
Versiones periodísticas afirman que vive con nombre cambiado y posiblemente en el extranjero.
Según las organizaciones de derechos humanos, desde el inicio del llamado conflicto interno (1980-2000) en Perú han sido asesinados o han sufrido desaparición forzosa 62 periodistas.
De ese total, solo el caso del reportero radial Pedro Yauri, secuestrado y asesinado por un comando paramilitar del ejército bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), ha sido juzgado y sentenciado.
Está pendiente por otra parte una acusación fiscal contra el ministro del Interior actual, Daniel Urresti, acusado de participar en el asesinato por agentes del ejército del periodista Hugo Bustíos, lo que él niega rotundamente.
Bustíos fue ultimado en la región Ayacucho en 1988, cuando Urresti era oficial de inteligencia de la unidad responsable y uno de los dos oficiales condenados por el crimen lo señaló en los últimos años como partícipe, aunque el ministro sostiene ser inocente y alega que no hay pruebas en su contra.
También se han registrado muertes más recientes de periodistas por denunciar casos de corrupción, como Donny Buchelli Cueva, torturado y asesinado en julio pasado en el norteño puerto de Pacasmayo.
Está además pendiente la investigación del caso del periodista Alberto Rivera, asesinado en la ciudad selvática de Pucalla, en 2004, por sicarios que dicen haber sido pagados por el alcalde de entonces, Luis Valdez, pese a ello libre por un tribunal.
En julio pasado fue asesinato a balazos en la sureña ciudad de Chincha el periodista Humberto Tasayco, ultimado por miembros de una banda criminal a la que había denunciado por operar encubierta como sindicato de trabajadores de la construcción.