El ecólogo Antonio Brack, que preside la comisión que implementará el Ministerio de Medio Ambiente, precisó que todos los sectores productivos quedarán en los distintos sectores y que el nuevo ministerio será una entidad de decisión política, lo más técnica posible, con voz y voto en el Consejo de Ministros y encargado de establecer políticas, monitoreo, seguimiento y fiscalización.
Indicó que el objetivo de la comisión es hacer una propuesta técnica de un esquema de ministerio que convendría al Perú en este siglo XXI y que se convierta en la cabeza de un sistema de gestión ambiental. “Hay una ley del 2005 y hay que implementarla y la tendremos en cuenta porque hay una Ley General del Ambiente y una Ley del Sistema de Gestión Ambiental”, refirió.
Brack señaló que el nuevo Ministerio no tiene por objetivo absorber al de Energía y Minas, sino que se pretende crear un Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, una instancia que resolverá conflictos advertidos por la Defensoría del Pueblo, buscará espacios de con concertación, supervisará y tendrá una base de datos de Estudios de Impacto Ambiental. EIA, y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, PAMA, a los que accederá la sociedad civil.
Deficiencia de proyectos de ley
Refirió que su comisión hizo un estudio de los proyectos presentados por el Congreso, el Ejecutivo y el Colegio de Ingenieros del Callao y precisó que los cinco proyectos de ley ministeriales existentes conciliaron en que “el Ministerio del Ambiente es un saco en una esquina en donde se pone instituciones que están mal ubicadas, como Pronamachcs, Inade, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, etc.”..
Brack mostró su preocupación porque “todos estos proyectos de ley se olvidan de la proyección internacional de una buena gestión ambiental del Perú. Estamos sujetos a convenios internacionales ratificados en ambiente, cambio climático, biodiversidad y la cuestión internacional ofrece al Perú oportunidades con la gestión ambiental como plantaciones forestales y compensación por no talar bosques, ese tema hay que ponerlo”, resaltó.
Definiendo funciones
Indicó que su equipo de expertos se viene reuniendo desde hace más de una semana con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y con el Ministerio de Agricultura y ya lograron avanzar y definir varios temas. “Del INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) pasa todo lo que es áreas protegidas y gestión ambiental rural, mientras que todo lo productivo, como el manejo de bosques y concesiones, quedará dentro del sector agrario”, precisó.
Agregó que se creará un Consejo Consultivo donde estén representados los tres actores: Estado, Empresa y Sociedad, elegidos por cada gremio participante y no por el ministro de Ambiente, que se reunirá cada mes o dos meses, lo cual se debe discutir a nivel de regiones o gobiernos locales.
Brack recomendó dejar el tema de las tarifas de servicios en los respectivos sectores y recomendó mejorar las normas para los estudios de impacto ambiental, los cuales son revisados en 15 días de forma rápida, por lo cual sería óptimo que estos cuenten con un resumen ejecutivo y compromisos de la empresa sobre su gestión ambiental y sus compromisos.
También refirió que se viene discutiendo si antes de dar una licitación o concesión para hidrocarburos y minería grande, el Ministerio de Ambiente deba hacer una evaluación ambiental previa para indicar al Estado el posible surgimiento de problemas ambientales, como una especie de licencia ambiental. Además, tendría también responsabilidad reguladora, normativa y fiscalizadora.
Por otro lado, este ministerio debe contar con instrumentos claves como entidades autónomas. “El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana será adscrito con plena autonomía según su ley y funcionamiento. Si pasa a la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, no va a ser desechado”, señaló.
Aclaró que el Ministerio de Agricultura verá los temas de recursos hídricos y autoridad ambiental, pero lo que es gestión de cuencas para frenar el stress de aguas en la costa y cambio climático, estará a cargo del Ministerio del Medio Ambiente.
Temas pendientes
El ecólogo refirió que el ordenamiento territorial al parecer será una función de los gobiernos locales y regionales. San Martín ya aprobó su zonificación territorial, lo están haciendo también Amazonas, Iquitos, Ucayali y Madre de Dios. “Hoy damos concesiones y hay un ordenamiento territorial que nadie cumple”, dijo.
Resaltó que la estrategia nacional de biodiversidad es otro punto importante a nivel internacional y nacional aprobados y de cumplimiento obligatorio pero que nadie ve si lo cumplen. Agregó que otro punto importante con los gobiernos locales es el tratamiento de aguas servidas y residuos sólidos que contamina gravemente las aguas y bosques.
“Ese nivel lo tiene que ver el Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, ordenar y no permitir más tala de bosques porque en pleno siglo XX, con el cambio climático, quemar bosques es un crimen de lesa humanidad contra nosotros mismos”, resaltó.
Debate en reforestación
Brack precisó que actualmente se confunde bosques con tierras aptas para deforestar. “He estado reunido con el presidente del Congreso, la Ley Nº 28852 de julio de 2006 establece que las plantaciones o concesiones forestales son en tierras sin cobertura boscosa, eriazas o con escasa cobertura boscosa”, señaló.
Puntualizó que ese término de “escasa” permitió en Loreto otorgar concesiones de reforestación en bosques primarios que ya no tenían caoba y cedro, pero allí funcionarios corruptos alteraron informes. Para ello, demandó que el Organismo Supervisor del Sector Forestal vigile eso y sea sacado del INRENA para que goce de autonomía.
Finalmente, señaló que el último proyecto de ley trabajado en varios sectores es solo para plantaciones forestales y no para acaparar tierra, y de no cumplirse, se revertirían al Estado. “Gran parte de las tierras aptas para reforestar es de propiedad privada, de las comunidades andinas, de modo que no hay nada que discutir, no se va a volver a privatizar”, finalizó.