La abogada de los deudos de los desaparecidos de Pucayacu, Karín Ninaquispe, consideró importante la reciente captura de uno de los miembros del Ejército que participó en el referido crimen y puntualizó que esta detención debe ser una oportunidad para alcanzar la justicia, ausente desde hace 22 años.
El militar detenido es el teniente del Ejército (r) Enrique De la Cruz Salcedo, involucrado en el secuestro y posterior asesinato de siete personas ocurrido el 7 de agosto de 1985, en la zona de Pucayacu, en pleno corazón de Huanta, en Ayacucho.
Dicho ex militar fue detenido recientemente en Lima por la policía nacional en base a un pedido del Juzgado de Derechos Humanos de Ayacucho, cuyo titular es el magistrado ayacuchano Willy Ayala Calle.
Caso fue reabierto por Comisión de la Verdad
El caso fue abierto en el Poder Judicial de Ayacucho luego que en el 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, hiciera llegar al Ministerio Público de ese departamento parte de su informe final que recogía la investigación del caso Pucayacu. Fue así que luego de cuatro años de investigación, en noviembre del 2007 el fiscal Andrés Cáceres formalizó la denuncia penal correspondiente.
En el proceso penal fue incluido el ex militar Enrique De la Cruz Salcedo, junto a sus colegas David Lama Romero y José Gutiérrez Herrada, pero a diferencia de De la Cruz, estos últimos se encuentran en calidad de no habidos.
De acuerdo con documentos del Ministerio Público y del Poder Judicial, dichos ex miembros del Ejército participaron en el asesinato de Claudio Palomino Curo, Gerardo Palomino Ricra, Esperanza Ruiz Soto, Gregorio Alberto Cunto Guillen, Faustino Cunto Tincopa, Alejandro Cunto Yaranga y Dionisia Villarroel Villanueva.
“Con la detención de De la Cruz Salcedo, los deudos de las siete víctimas de Pucayacu encuentran una señal de esperanza y de justicia”, expresó Ninaquispe. “Son más de 22 años de encubrimiento a favor de los responsables de esa ejecución extrajudicial. Pese a que reconocieron ser los autores de este crimen y habiendo suficientes pruebas al respecto, la justicia castrense los absolvió”, sostuvo.
Como se recuerda, las siete víctimas fueron detenidas entre el 31 de julio y 4 de agosto de 1985 en la provincia de Huanta, por personal del Ejército y conducidas a la Base Militar de Castro Pampa.
El 7 de agosto, luego de ser torturados, fueron ejecutados en el paraje denominado Pucayacu. Días después sus cuerpos fueron encontrados. Y pese a que existían suficientes pruebas que establecían la responsabilidad de los jefes de dicho establecimiento militar, el fuero privativo militar los absolvió.