Conocí a Edwin Chota, el líder indígena asesinado hace unos días con otros indígenas de las selvas del Ucayali, en un taller sobre manejo forestal comunitario realizado en Pucallpa hace unos cuatro años. Me encontré con él luego en otras reuniones sobre conservación de la región Ucayali, en las que participaba con regularidad junto con otros dirigentes asháninkas. Estaba embarcado en la lucha por el reconocimiento del territorio de su comunidad, Saweto, localizada en el alto Tamaya, y por sacar a los madereros ilegales de la zona.
Sus incansables gestiones se estrellaban contra una traba legal: estaban (están) asentados, como otras varias comunidades, sobre concesiones forestales otorgadas por el Estado a empresas privadas en el 2002, y la comunidad de Saweto fue recién reconocida e inscrita en el 2003. La superposición de concesiones forestales con comunidades persiste hasta ahora y es fuente permanente de conflictos no solo en Ucayali, también en Loreto y otras regiones, y se produjo debido a la falta de una zonificación ecológica y económica previa. En el 2013 un conflicto similar le costó la vida a otro líder asháninka, Mauro Pío, cuya comunidad se superponía con una concesión forestal en la selva central.
Para titular Saweto y otras comunidades en situación similar se debería antes redimensionar el Bosque de Producción Permanente (BPP) inscrito a nombre del Estado, y este es un trámite muy complejo. Y había (y hay) intereses poderosos opuestos a la titulación comunitaria, comenzando con los madereros ilegales que han hecho de esta y otras zonas de frontera su centro de operaciones.
Edwin también se había enfrentado con los madereros ilegales, que estaban depredando las maderas y la fauna silvestre en el territorio de su comunidad. Para los indígenas amazónicos, el bosque es algo más que un montón de madera: es su despensa, su farmacia, su supermercado, donde ellos sacan todo lo que necesitan para vivir, desde alimentos, medicinas y materiales para sus casas y herramientas, hasta recursos para comerciar y adquirir lo que no encuentran en el bosque. Por eso los defienden con fiereza, y están dispuestos -como Edwin Chota y sus compañeros- a derramar su sangre por resguardar su territorio. Edwin se sabía amenazado, y sabía que era cuestión de tiempo que lo mataran, pero eso no lo amilanó para ir con sus compañeros al encuentro de los madereros que estaban saqueando sus recursos y amenazando su el futuro de los suyos.
El pasado jueves 11/9 conversé en Pucallpa con Amancio Proaño, dirigente asháninka de la comunidad Nueva Amazonía del Tamajao, y primo y vecino de Edwin Chota y otro de los asesinados. “Yo tenía planeado ir en ese viaje con mi primo Edwin, con otra gente de mi comunidad, era para una reunión con los madereros, que habíamos pedido, para convencerlos de que no sigan sacando nuestra madera y se vayan”, me dijo. “Pero al final decidimos no ir, nos dijeron que era peligroso, por eso nos salvamos. La gente está muy asustada, todos están amenazados en la zona.”
Me contó con lujo de detalles los problemas que aquejan a todas estas comunidades desde hace años, sometidas a la ambición de los narcomadereros que campean a su antojo por la zona. Los indígenas no buscan solo la titulación de sus territorios, sino de la protección de todas las cabeceras de cuenca que limitan con Brasil, y donde se encuentran las reservas de recursos que podrían garantizar su desarrollo a futuro. Por eso estas comunidades están reclamando al Estado que anule las concesiones en el alto Tamaya (hoy abandonadas y en manos de ilegales), titule sus territorios y cree más arriba un área de conservación para que se recuperen la fauna, los peces y los árboles que antes eran abundantes y ahora comienzan a escasear, afectando seriamente la economía de los indígenas.
Es bien conocido que en la zona la actividad maderera encubre operaciones del narcotráfico. Se habla de varios aeropuertos clandestinos en la cuenca alta del Tamaya, que servirían para exportar la droga a Brasil y Bolivia. Desde hace unos años Brasil reclama que el Perú ponga orden en su frontera común, pues los ilegales con frecuencia han cruzado la frontera para extraer caoba en el vecino país, ya agotada en el lado peruano. “Nosotros criamos gallinas en nuestro lado, y ustedes crían zorros”, les encaró una vez un funcionario brasileño a sus pares peruanos, refiriéndose a la tolerancia del Perú con la tala ilegal en la frontera, mientras en su lado Brasil ha creado en su lado un parque nacional.
La problemática de esta y otras cuencas de la frontera con Brasil no se soluciona con una serie de operativos coyunturales: en zonas tan inaccesibles de la selva, es relativamente fácil que los delincuentes se escabullan y retornen a sus actividades habituales luego de un tiempo. Se requiere una estrategia de control y gobernanza a mediano y largo plazo, que involucre activamente a las comunidades locales.
La experiencia de algunas zonas en Loreto y Ucayali, donde las comunidades se han involucrado en la protección y manejo de sus bosques y recursos pesqueros, demuestra que el modelo de gobernanza participativa, o cogestión, funciona si hay apoyo, incluyendo reconocimiento de parte del Estado y soporte técnico y logístico de alguna organización privada. Las comunidades del río Tahuayo, y los Maijuna que están gestionando la creación de un área de conservación regional entre el Napo y el Putumayo, por citar dos casos, han conseguido extirpar casi totalmente la tala, la pesca y la caza ilegales en sus respectivas cuencas, y han mejorado su calidad de vida y su economía gracias al aprovechamiento sostenible de sus recursos.
La creación y gestión participativa del área de conservación alto Tamaya-Abujao, impulsada por las comunidades asháninka y shipibo con apoyo de organizaciones privadas, el Gobierno Regional de Ucayali y el Ministerio del Ambiente, daría el marco legal para establecer en esta conflictiva zona un modelo de gestión compartida. Si con ocasión del martirio de Chota y sus colegas el Ministerio del Interior limpia la zona de ilegales, las comunidades locales podrían convertirse en los guardianes de la cuenca y vigilar que no vuelvan a ingresar. Ellos tienen un gran interés en conservar la fuente de recursos base su economía.
“Nosotros queremos cuidar esta zona para nuestros hijos, para que mañana tengan madera con qué trabajar, animales y peces para alimentar a sus hijos”, explicó el pasado jueves Amancio Proaño ante el Consejo Regional de Ucayali para sustentar la creación del ACR en el alto Tamaya. Esperemos que este sueño, junto con la titulación de sus territorios, se haga realidad pronto y se acabe la pesadilla de los narcomadereros que hoy reinan en el área. El redimensionamiento de los bosques de producción permanente es una condición previa en esta y otras zonas de conflicto entre comunidades y madereros.
Se ha intentado de todo para controlar la tala ilegal en la selva, generalmente sin resultados, como demuestran las cifras oficiales. La participación activa de las comunidades locales en la vigilancia y gestión de los bosques, formalmente reconocida y unida a apoyo técnico y logístico para vigilar y manejar sosteniblemente los bosques, es la única vía a corto plazo para acabar con la lacra de la tala ilegal, que hoy degrada la Amazonía y empobrece a las comunidades locales.