La investigación en Nueva York a miembros de la familia Sánchez Paredes por tráfico internacional de drogas, y la inmovilización de sus cuentas por US$ 31 millones (CARETAS 2253) ha desatado un conflicto notorio al interior de la familia que, por ahora, tiene como protagonistas a los benjamines del clan.
Alfredo Sánchez Miranda (33), el hijo menor de Orlando Sánchez Paredes, es el vocero de su padre y hermanos (CARETAS 2254). Y Andrés Sánchez Alayo (35), el último hijo de Manuel Sánchez Paredes, lo es de su familia. Ambas facciones están enfrentadas en un póker de acusaciones mutuas para librarse de la justicia gringa.
El martes último, Andrés Sánchez Alayo ofreció una conferencia de prensa en el Hotel Libertador de San Isidro para “romper” su silencio y “dar la cara”.
Al final, solo habló su nuevo abogado Julio Rodríguez, quien sostuvo que el negocio de sus patrocinados es legal y no existe evidencias que los conecten al narcotráfico.
Rodríguez fue abogado de Eva Bracamonte Fefer, pero se retiró del caso en marzo del 2010. El portal La Mula aseguró este año que Rodríguez defiende al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en el llamado caso Comunicore.
La inmovilización de las cuentas en Nueva York y Lima, según Rodríguez, tiene su origen en la ‘megainvestigación’ que arrancó en el Perú hace cuatro años y a la que, por cierto, los Sánchez Alayo ya consideran virtualmente archivada. “El indicio del delito previo ha sido descartado por la justicia peruana, no hay ningún acto de tráfico de drogas. No existe ningún desbalance ni irregularidad”, señaló Rodríguez. “Lamentablemente en un país como el nuestro se construyen mitos sin ningún elemento de prueba”.
Pero esto no es cierto. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, interpuso una demanda civil para congelar las cuentas de Manuel Sánchez Paredes, de sus hijos y de las compañías mineras San Simón y Comarsa basado en una investigación criminal de larga data que tuvo su origen en la agencia federal norteamericana que combate a los cárteles de la droga: la Drug Enforcement Administration (DEA).
CARETAS tuvo acceso al informe completo que Bharara entregó al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, James C. Francis IV, el pasado 9 de octubre.
El documento indica que “miembros de la familia Sánchez Paredes han usado múltiples cuentas bancarias para lavar las ganancias derivadas de narcóticos de las operaciones de la familia, desde 1970” y abunda en detalles sobre sus presuntos nexos con el tráfico de drogas.
El informe es suscrito por el agente especial de la DEA, Keith Hart, quien afirma que la investigación incluye a testigos protegidos, agentes encubiertos y evidencias reunidas a lo largo de los años.
DE UCHIZA A MIAMI
El documento hace un recuento de las muertes de Segundo y Perciles Sánchez Paredes y revela que tras los asesinatos ocurridos entre 1987 y 1991, respectivamente, Manuel Sánchez Paredes y sus hijos –Fidel y Miguel Sánchez Alayo– tomaron las riendas del negocio de la droga.
De acuerdo al informe, los hermanos Sánchez Alayo han enviado cargamentos de droga desde Uchiza a Miami, al menos desde 1992.
Bharara refiere que “la DEA habló con una fuente confidencial (hereinafter “CS-1”), quien fue contratado por Wilmer y Manuel Sánchez Paredes para proteger envíos de pasta básica de cocaína que eran transportados por burriers a la mina Comarsa, en Santiago de Chuco”.
“De acuerdo con CS-1, Comarsa procesaría esa pasta básica de cocaína para convertirla en clorhidrato; aproximadamente 15 burriers a la vez eran usados para llevar 50 kilos de pasta básica cada uno; y era necesario seguridad para proteger los envíos para no ser emboscados por ladrones armados”, sostiene el documento.
A su vez, el informe Bharara indica que la DEA introdujo un “agente encubierto” en el entorno de Manuel Sánchez Paredes, el cual documentó presuntos pases de cocaína al interior de sus empresas.
“Consecuentemente, se cree que las cuentas de San Simón y Comarsa sirven como facilitadoras para el lavado de activos provenientes del narcotráfico”, concluye Bharara y añade: “Los traficantes frecuentemente tienden a dar una impresión legítima de sus ganancias”.
CARRUSEL GRINGO
Las cuentas usadas y manipuladas por la familia tienen como titulares a miembros del clan; están en manos de empresas de propiedad de miembros individuales de la familia, en manos de empleados del negocio familiar; y en propiedad de compañías que se cree están envueltas en lavado de activos”, sostiene el informe del fiscal.
Una de estas compañías es Pacific Gateway Corporation. Según Bharara, “se cree que Pacific es una empresa ficticia” debido a que solo dos personas figuran en la planilla de la compañía, carece de oficina, de página Web y nadie da razón sobre sus actividades.
Durante un periodo de dos meses en 2010, Pacific recibió US$ 12 millones de dólares en transferencias bancarias de Republic Metals, una presunta refinería de oro. “Las transferencias realizadas por Pacific en 2009, 2010 y 2011 describen que no tienen un propósito legítimo de negocio. Aparece como conducto facilitador de tráfico de drogas de los Sánchez Paredes”, asegura el documento gringo.
Otra empresa es Exim Logistics. Registros financieros revelan que Exim movió dinero “a través de una cuenta a nombre de Jorge E. Alva, quien se cree que es miembro de las operaciones de tráfico de drogas de los Sánchez Paredes (en EE.UU.)”, asegura Bharara. Desde junio de 2010 a noviembre de 2011, Exim hizo transferencias a la cuenta de minera San Simón por otros US$ 12 millones.
Del mismo modo aparece la compañía italiana Italpreziosi que es la que supuestamente le compra la totalidad del oro a Comarsa.
Según la DEA, “las operaciones por Italpreziosi con Comarsa parecen haber sido orientadas hacia el comercio basado en la actividad de lavado de dinero debido a, entre otras cosas, una participación de alto riesgo financiero con una red de tráfico de drogas, ningún vínculo o propósito comercial con una empresa con la que mueve millones (Future Options)” y otros antecedentes.
Italpreziosi es investigada por la DEA desde el 2009 porque se sospecha que lava dinero de otra supuesta organización italiana dirigida por los hermanos Hussein Ayman y Hussain Hazem El Hajj.
MATANZA IMPUNE
“El informe (Bharara) no solo es agresivo, sino que también es netamente falso y ridículo”, se queja Michael P. Socarras, el abogado gringo que defenderá a los Sánchez Miranda en Manhattan.
Socarras cursó Derecho en la Universidad de Yale y es socio de Chadbourne & Parke LLP, uno de los cinco estudios top en Estados Unidos. Los Sánchez Alayo, por cierto, no han querido quedarse atrás y contrataron al bufete neoyorquino Proskauer Rose LLP.
Socarras estima que el caso no será visto por un gran jurado y confía en que Comarsa continuará con sus actividades auríferas.
Pero la cosa es seria. El ex procurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno comentó a CARETAS que la Fiscalía de Nueva York difícilmente pierde un caso y opinó que la inmovilización de las cuentas es un golpe definitivo para el clan trujillano.
El sistema antilavado prohíbe a los bancos a nivel mundial hacer negocios con grupos investigados por narcotráfico. Sin posibilidad de mover dinero, Comarsa y San Simón, pueden irse a la quiebra.
La procuradora antidrogas Sonia Medina aseguró que la Fiscalía de Nueva York apunta a la extradición de los acusados. “La justicia norteamericana es seria y ha esperado el desenvolvimiento del proceso peruano. Al ver que el caso se caía metió mano”, comentó.
El Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional aún no se pronuncia sobre si el megaproceso va o no al archivo definitivo, pero lo ocurrido recientemente en Ica configura un nuevo escándalo.
El fiscal José Luis Herrera, quien investigaba desde hace más de un año la balacera protagonizada por personal de seguridad de Manuel Sánchez Paredes y de sus hijos frente al Palacio de Justicia de Ica, dejó el caso y el expediente pasó a manos de un nuevo fiscal, César Pecho Peche, quien habría vuelto las investigaciones a fojas cero. El tiroteo que dejó tres muertos en plena vía pública continúa impune.
“Cualquier cosa puede pasar en nuestro país”, sostuvo la enérgica procuradora. “Pero está claro ya que el caso no morirá”. (Américo Zambrano)