SAN MARTÍN. En informe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo se registran algunas deficiencias detectadas en las intervenciones de salud contra con el COVID-19 en 24 microrredes ubicadas en las provincias de Lamas, El Dorado, Moyobamba, San Martín, Rioja, Bellavista y Picota, que cuenta con 136 establecimientos de salud que atienden a 107 comunidades nativas Awajún, Kichwa, Shawi y Yaminahua.
Por ello, la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Martín demandó al gobierno regional ejecutar de manera eficiente el monto de S/ 429 913 que le fueron asignados recientemente como parte del presupuesto global de más de 27 millones de soles aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas para fortalecer las intervenciones de salud contra con el COVID-19 en las comunidades indígenas del país.
Entre los hallazgos advertidos en el mes de septiembre último, un total de 28 comunidades nativas de la región San Martín se encontraban pendientes de recibir la visita de las brigadas de vacunación. Cabe señalar que, al 16 de noviembre, el Ministerio de Salud ha reportado la vacunación de 25 000 personas indígenas, pese a que la región reporta más de 35 000 personas que se autoidentifican como indígenas.
Asimismo, durante el periodo de la supervisión se pudo encontrar que en algunos establecimientos de salud no existían condiciones para asegurar la cadena de frío de las vacunas o no se había cumplido con dar mantenimiento preventivo a los equipos de refrigeración.
Como ejemplo de ello, se evidenció que el puesto de salud de Los Ángeles, adscrito a la microrred de Yantalo, no contaba con grupo electrógeno para garantizar la cadena de frío ante cortes de energía eléctrica; mientras que el establecimiento de Santa Clara, en Lamas, tenía inoperativo su sistema de cadena de frío. Otros casos críticos fueron detectados en los puestos de salud de Santa Elena y Shapaja, en las provincias de El Dorado y San Martín, respectivamente, los cuales carecían de congeladoras para garantizar la conservación de vacunas.
De otro lado, se pudo identificar una débil socialización y capacitación al personal de salud sobre los alcances del “Protocolo para la vacunación contra la COVID-19 en pueblos indígenas u originarios” emitido por el Ministerio de Salud; así como la ausencia de enlaces indígenas o traductores en las brigadas de vacunación pese a ser una exigencia regulada en el referido protocolo.
También se advirtió que en algunas comunidades persistía el temor de algunas personas indígenas a ser vacunadas debido a la falta de una estrategia de difusión en sus propias lenguas. A ello se suma la poca presencia de personal de salud en los establecimientos de las microrredes supervisadas que tenga dominio de una lengua indígena.
Tras estos hallazgos, se solicitó a la Dirección Regional de Salud de San Martín distribuir eficientemente el presupuesto asignado a la entidad, así como incorporar el enfoque Intercultural en dicho proceso a través de estrategias comunicativas en alianza con los líderes de las organizaciones indígenas, para concluir el proceso de inmunización en las comunidades nativas.
Asimismo, se le solicitó verificar la situación de los establecimientos de salud de las provincias de Lamas, El Dorado, Moyobamba, San Martín, Rioja, Bellavista y Picota, a fin de que se adopten las medidas correctivas para dar cumplimiento de la Norma Técnica de Salud para el Manejos de la Cadena de Frío en las Inmunizaciones, aprobada por el Ministerio de Salud, informó la Defensoría del Pueblo.