El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó a la opinión pública que se ha efectuado una denuncia pertinente ante la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca. ¿El motivo? Los hechos de violencia que se suscitaron el pasado 21 de setiembre cuando 31 personas entre guardaparques, fiscales y efectivos policiales fueron retenidos por ronderos y pobladores en los caseríos de El Carmen y El Afluente (San Martín).
Así, la denuncia fue formulada el pasado 22 de setiembre por el delito de violencia y secuestro de 12 guardaparques, 4 efectivos de la División de Medio Ambiente de la PNP, 12 policías de Moyobamba y 3 fiscales provinciales de Nueva Cajamarca, quienes realizaban un patrullaje preventivo y charlas informativas con la población local para detener las actividades de tala ilegal que se registran al interior del Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM).
Ante esta denuncia, la Primera Fiscalía Provincial Penal de Nueva Cajamarca abrió investigación preliminar mediante Disposición Fiscal N° 2 del 30 de setiembre contra 12 personas identificadas como los presuntos responsables del delito de secuestro, disturbios y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.
Se reveló que simultáneamente se han venido realizando reuniones de coordinación con las autoridades regionales y locales de la región San Martín, en las que también se ha contado con la participación de representantes de las organizaciones civiles locales.
Para ello se ha instalado la mesa técnica interinstitucional de Aguas Verdes, presidida por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, e integrada por los Ministerios del Ambiente, Interior, Educación, Vivienda y Saneamiento, así como el SERNANP, el Gobierno Regional de San Martín, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad Provincial de Rioja, y organizaciones civiles como los Frentes de Defensa de los Intereses de Rioja y Moyobamba.
Recordemos que durante la última reunión de la mesa técnica, realizada el 6 de octubre, se expresó el rechazo unánime de estos lamentables actos de violencia por parte de todas las instituciones y organizaciones participantes, y destacaron la importancia de mantener la voluntad de diálogo dentro de un clima de buena fe y acorde al marco legal.
De igual manera, se manifestó la necesidad de declarar el estado de emergencia dentro del Bosque de Protección Alto Mayo a fin de restablecer el estado de derecho y el principio de autoridad en la zona; medida que ha sido respaldada por el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, organizaciones sociales del Alto Mayo y el Comité de Gestión del BPAM, que agrupa a más de 50 organizaciones.