El coordinador general del Programa de Energía Sostenible de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, saludó el anuncio hecho por el viceministro de Energía, Daniel Cámac, quien dijo que, tanto en Perú como en Brasil, el Congreso de cada país analizará el acuerdo energético firmado en Manaos.
Además, precisó que en ese escenario el Parlamento tiene la potestad, antes de decidir si aprueba o no el acuerdo, de realizar audiencias públicas y recoger las opiniones de especialistas en el tema.
“Las autoridades no pueden decidir que se le venda energía a Brasil sin saber cuánto nos va a costar y si es beneficioso para el país. Además, también se tiene que saber si estamos asegurando nuestra matriz energética, eso es muy importante y representa la seguridad de todos los ciudadanos peruanos”, subrayó durante el programa Diálogo Ambiental de INFOREGIÓN.
Gamboa sostuvo que, este acuerdo entre Perú y Brasil y lo que ocurre con el Proyecto del Gas de Camisea, demuestran la falta de gobernabilidad energética en nuestro país, “tanto en planificación como en participación, transparencia y rendición de cuentas”.
Falta de Gobernabilidad Energética
“Lo que nos preocupa, y preocupa también al sur andino, es cómo el gobierno suscribe acuerdos para vender energía a otros países sin tener claro la demanda energética actual y futura, en unos 30 o 40 años. Lo que se está haciendo es privilegiar las ganancias de la venta en vez de priorizar la masificación del gas sin saber que cantidad de energía se va a necesitar en todo el país”, aseveró.
En otro momento, el especialista explicó que el acuerdo energético entre Perú y Brasil incluye la generación de 6 mil megavatios y dijo que para ello se construirán por lo menos cinco centrales hidroeléctricas.
Indicó que, según el acuerdo, el excedente de la electricidad que se genere se irá a Brasil. Sin embargo, advirtió que si se hace un mal análisis del excedente que se va a vender no solo se van a presentar inconvenientes ambientales y sociales, sino también económicos.
“El excedente según el acuerdo firmado con Brasil debe ser fijo en los próximos 30 años, pero si se rompe la barrera del excedente el Perú debe pagar una compensación económica”, anotó.
Finalmente, recordó que, según un estudio elaborado por ProNaturaleza, la construcción de las centrales hidroeléctricas en la región amazónica ocasionaría una serie de impactos negativos ambientales y sociales como desplazamientos de poblaciones y deforestación en cinco departamentos, poniendo en grave riesgo el futuro de la selva peruana.