El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) anunció que se está desarrollando una serie de acciones y actividades para investigar, juzgar y sancionar con eficiencia y eficacia los delitos de minería ilegal y afines, figura penal creada por el Decreto Legislativo N° 1102 promulgado el 29 de febrero de 2012.
En un comunicado enviado a INFOREGIÓN el CEPJ informó que amplió la competencia de la Sala Penal Nacional para el conocimiento de estos delitos, siempre y cuando hayan sido cometidos por organizaciones criminales y que el proceso judicial sea complejo.
Otra de las medidas implementadas es la capacitación de los magistrados, a través del Centro de Investigaciones Judiciales, y en coordinación con la Academia de la Magistratura (Amag), en criminalidad organizada y nuevas formas de delincuencia en delitos ambientales y mineros.
Los jueces que asisten a estos talleres y programas de capacitación provienen de los distritos judiciales en cuyos territorios de desarrolla actividad minera como Tumbes, Sullana, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, Santa y otras regiones del sur del país.
El Poder Judicial también acreditó a su representante ante la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), encargada de recibir, registrar y administrar los bienes provenientes de delitos en agravio del Estado, como el de minería ilegal, lavado de activos, narcotráfico y terrorismo, de acuerdo al mandato de la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1104.
Asimismo integró la Comisión Especial que formuló un nuevo marco legislativo contra el lavado de activos, cuyo resultado fue la expedición del Decreto Legislativo N° 1106 (sobre lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado).
Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia dictó los acuerdos plenarios N° 3-2010/CJ-116 y N° 7-2011/CJ-116, ambos sobre el delito de lavado de activos y medidas de coerción reales, con el fin de uniformizar la jurisprudencia en esta materia.