El ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, sostuvo que el Gobierno del presidente Ollanta Humala no tiene una política de seguridad y tampoco una política para el Ministerio del Interior, en un panel en el que también participaron el ex ministro de esta misma cartera, Gino Costa; y el ex ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.
Como se sabe, el Gobierno ha solicitado facultades legislativas para reestructurar la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Con respecto a la política de seguridad del gobierno, Rospigliosi, fue muy crítico hasta el punto de señalar que «no existe política de seguridad». En ese sentido, se mostró en contra de otorgarle facultades legislativas. «Cómo le vas a dar facultades a un gobierno que no ha mostrado ninguna idea clara en temas de seguridad», señaló.
“Lo que hay que señalar es que este gobierno ya tiene un año y no tiene ninguna política de seguridad y ninguna política con respecto al Ministerio del Interior”, dijo Rospigliosi, recordando que ha habido 4 ministros del Interior y 4 Ministros de Defensa en el primer año del actual gobierno.
Por su parte, el también ex ministro del Interior, Gino Costa, pidió robustecer la autoridad municipal en relación con la Policía, de modo que mejoren sus labores integradas, en función del comité de seguridad ciudadana local. También se mostró contrario a la posibilidad de que los serenazgos porten armas.
El ex ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, cree que todos los temas en relación al sector Defensa, como las remuneraciones y las compras de armamento, se podrían resolver sin la necesidad de otorgar facultades, sino con decretos de urgencia. «Hay formas de hacerlo, pero el universo tan grande de lo que han pedido es inpasable», indicó.
De otro lado, la Junta de Portavoces del Congreso, luego de escuchar al primer ministro Juan Jiménez; acordó invitar a los actuales ministros del Interior, Wilfredo Pedraza; y Defensa, Pedro Cateriano; para que participen en el Pleno de mañana en el que se debatirá si se delega o no facultades legislativas al Ejecutivo para reformar dichos portafolios para trabajar la seguridad ciudadana, que incluirá la escala de remuneraciones a las Fuerzas Armadas y policiales.