Los recientes acontecimientos vinculados al proceso judicial por difamación que en primera instancia falló contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel, por la publicación del libro «Plata como cancha», han vuelto a poner en el tapete la importancia de consagrar la despenalización de la difamación en el ordenamiento jurídico de nuestro país.
Al incorporar este concepto, el sistema judicial peruano habrá dado un paso importante en el respecto a la libertad de expresión. Ello tiene, por estos días, una mayor relevancia pues circula en el Congreso una iniciativa impulsada por el legislador José Luna que considera el encarcelamiento de periodistas por delitos de difamación. Para tener más luces en el tema Inforegión consultó con Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
Iniciativa que circula en el Parlamento busca que el periodista vaya preso
Precisemos los alcances del proyecto de ley impulsado por el legislador José Luna, el que toma la posta de lo planteado en el P.L. 6422-2020, para presentarse hoy como el P.L. 1060-2021. Allí se dispone la condena de entre cuatro y seis años de cárcel para el delito de difamación con obtención de beneficio económico. Hoy, la pena es no menor de un año ni mayor de tres años, es decir, con prisión suspendida, pero el cambio hará que sea de prisión efectiva al superar los cuatro años. La iniciativa persigue modificar el artículo 132 del Código Penal.
«La propuesta de cambio dice: entre cuatro a seis años de pena privativa de la libertad. Eso implica cárcel efectiva. En el Perú, con tres años, es cárcel suspendida. Lo que busca ese proyecto de ley es que el periodista vaya preso», dijo Salazar al cuestionar uno de los planteamientos de la iniciativa. Luego criticó «la arbitrariedad que trae el proyecto de ley» al hablar de «cualquier acto de difamación que genere de un producto periodístico que sea trabajado con ánimo de lucro o de beneficio. Las palabras lucro o beneficio son preocupantes, por que cómo interpreta un juez cuál es el beneficio del periodista de publicar algo que ha llegado a difamar. (Esto) abre puertas bastante complicadas y dudosas hacia interpretaciones de un juez que al final puede terminar perjudicando la libertad de expresión».
Salazar consideró que el hecho que Luna haya «reflotado», recientemente, un proyecto de ley del 2020 «está muy relacionado con el fallo del juez Raúl Jesús Vega en contra de Jerónimo Pimentel y de Chistopher Acosta por el libro ‘Plata como cancha’ (…). «Es una respuesta evidente» ante una situación en la que se dictó cárcel suspendida contra ambos, sostuvo. Que coja fuerza ese proyecto de ley a pocos días de la sentencia, «es un indicador que Podemos Perú o el Sr. Luna están buscando que los periodistas se vayan a cárcel efectiva: es el verdadero interés», remarcó Salazar.
Hacia la despenalización de los delitos por difamación
Salazar refirió que el CPP y la Universidad del Pacífico (UP) presentaron un anteproyecto-de-ley.pdf para «despenalizar los delitos contra el honor». Así se evitará la posibilidad que un periodista vaya preso o que tenga que pagar una cuantiosa reparación civil. Sobre la gestación de la iniciativa recordó que fue producida entre finales del 2019 y febrero del 2020, para luego ser presentada ante la Comisión de Alto nivel de Anticorrupción (CAN). Sin embargo, no se pudo avanzar más en su discusión debido a que llegó la pandemia y seguidamente se instaló un nuevo Congreso marcado por la coyuntura política de la vacancia presidencial.
«Lo principal que propone el anteproyecto es despenalizar los delitos contra el honor, es decir, eliminar del Código penal cualquier posibilidad de cárcel para periodistas por asuntos relacionados a difamación. Eso no quiere decir que se desregule o que no exista la figura de la difamación en la ley peruana; lo que queremos hacer es mantener cualquier aspecto relacionado a la buena reputación y al honor -nos parece fundamental que se respete eso-, pero que la pena por fallar a eso no sea la cárcel. No es proporcional que un periodista encontrado como difamador vaya preso», sostuvo Salazar.
Añadió que la iniciativa plantea la creación de «instancias nuevas»; por ejemplo, una instancia civil donde puedan conversar ambas partes, antes que ir al juzgado, y así hallar una solución amigable. Se propone, agregó, mejorar el sistema de rectificación, y también, se plantea que no existan reparaciones civiles muy elevadas, que puedan generar la bancarrota de una empresa o ruina de un periodista. Otro planteamiento, citó, es que estas multas estén asociadas a la capacidad de pago o facturación de ingresos de un medio. Salazar acotó que el anteproyecto está a disposición de cualquier parlamentario que lo quiera hacer suyo, y así pueda pasar al Pleno.
Un mal comienzo de año para la prensa peruana
Salazar consideró que «hemos tenido un comienzo de año lamentable para la libertad de expresión. Comenzamos con el allanamiento de la casa de Pedro Salinas, donde le quitaron su teléfono a el y a su menor hija. Se siguió con el fallo absurdo del juez Jesús Vega, y por último tenemos el caso de Podemos Perú. Hay una tendencia clarísima en el Perú de los poderosos bravucones que no quieren que los periodistas investiguen las cosas oscuras que hacen».
Sostuvo que los periodistas peruanos están «totalmente desamparados» porque sufren la persecución del Congreso (con su proyecto de ley), el Poder Judicial (con el caso de Acosta), la Fiscalía (como pasó con Salinas) e incluso tenemos «discursos inflamatorios» de parte del Poder Ejecutivo. Recordó que hay pendientes tres casos de periodistas asesinados, hace más de 30 años, que no han hallado justicia. «Los periodistas estamos absolutamente desprotegidos y eso no puede pasar en una democracia», manifestó a INFOREGIÓN.