A nivel mundial, la trata de personas es el segundo delito de mayor envergadura del crimen organizado, después del narcotráfico. Moviliza unos 32 mil millones de dólares anuales y, sin embargo, las políticas y acciones de parte de las autoridades estatales son insuficientes para controlar este flagelo.
Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en la audiencia pública realizada en el Congreso de la República con motivo de la presentación, por parte de la ONG Capital Humano y Social (CHS Alternativo) del libro “Engañadas y Encerradas: Casos de trata de personas en Perú”.
Durante su exposición, el director de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, cuestionó que los gobiernos locales y regionales no le den la debida importancia a la denominada nueva esclavitud y, por lo tanto, incumplan su papel de fiscalizar especialmente a las agencias de empleo informales y a las agencias de transporte informales, que sirven para captar a las víctimas y a trasladadas.
Por su parte, la congresista Rosario Sasieta adelantó que hará todas las gestiones necesarias a fin de que la División Contra la Trata de Personas (Divintrat) de la PNP eleve su rango y se convierta en una dirección, con presupuesto y atribuciones similares a las de la Dirección Nacional contra el Narcotráfico.
La propuesta surgió luego que el jefe de la Divintrat, coronel Miguel Basilio Grossman, revelara que su unidad cuenta solo con 35 efectivos policiales a dedicación exclusiva para luchar contra la trata de personas a nivel nacional.