No se escapan. El fiscal especializado en corrupción de funcionarios, Hamilton Castro Orozco, dispuso investigar con fines de enjuiciamiento a ex oficiales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a dos ciudadanos israelíes por coludirse para la contratación de la compañía Global CST.
A los acusados se les atribuye haber concertado voluntades para contratar en secreto a la empresa israelí sin que existiera un requerimiento previo del Comando Conjunto ni de los institutos armados, cuyos efectivos recibieron el entrenamiento.
El Estado peruano pagó el equivalente a 40 millones de soles a Global CST para el adiestramiento de comandos que cumplen funciones antiterroristas en el valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro (Vraem), entre 2009 y 2010.
El representante de Global CST, el brigadier general en retiro Israel Ziv, llegó por primera vez al Perú en compañía del ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca. Los dos sostuvieron una reunión con el ex ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, a quien se le ofreció el servicio. Sin embargo, quien aprobó el contrato fue el sucesor de Flores Aráoz, Rafael Rey Rey. Garrido Lecca y Rey han sido citados en calidad de testigos.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, los implicados fabricaron documentos para sustentar la contratación de la compañía israelí, la misma que ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado y, por si fuera poco, se le pagó sin verificar los servicios prestados.
El fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios atribuye al ex jefe del Comando Conjunto, general EP (r) Francisco Contreras Rivas, cuatro presumibles delitos: colusión, negociación incompatible, malversación de fondos, falsa declaración de procedimiento administrativo y falsedad ideológica.
A PEDIR DE BOCA
Según la descripción de los hechos del fiscal, el general Contreras incluso viajó sin autorización a Colombia para observar las características de la prestación de servicios que en ese país ofrecía Global CST.
Al ex jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto, vicealmirante (r) Reynaldo Pizarro Antram, se le imputan los supuestos delitos de colusión y falsedad ideológica. La defensa de Pizarro sostiene que cuando el oficial asumió funciones, el proceso de contratación estaba virtualmente consumado, por lo que alega su inocencia.
El jefe de la División de Inteligencia del Comando Conjunto, contraalmirante Rodolfo Reátegui Rodríguez, es señalado como el autor de los informes que recomendaban sin sustento el contrato con Global CST.
También son acusados por colusión el coronel FAP Javier Guerra Carrillo y el coronel EP Luis Altez Ríos, ambos ex oficiales del Comando Conjunto, al igual que el contraalmirante Juan Narro Lavi, procesado por falsedad ideológica.
El jefe de Programas y Presupuesto del Comando Conjunto, Aldo Cruzado Arce, además de imputársele el delito de colusión también se le atribuye malversación de fondos.
En sus conclusiones el fiscal Hamilton Castro incluye entre los autores de colusión al presidente de Global CST, Israel Ziv, y al representante en el Perú de la misma compañía, Ofer Dvir.
INVESTIGACIÓN DE LA CONTRALORÍA
«La formalización de la denuncia y el inicio de la investigación preparatoria contra los responsables del caso Global CST confirman que los hechos investigados por la Contraloría contenían suficientes indicios de la comisión de delitos altamente reprochables», declaró el contralor Fuad Khoury.
«Nosotros guardamos silencio a pesar de los ataques e insultos tratando de ridiculizar nuestra labor, ofendiendo nuestro honor. La Contraloría habla por sus informes. No entro en discusiones mediáticas, nuestra posición es técnica e imparcial», señaló Khoury al comentar la resolución del fiscal Hamilton Castro.
«Ingresar a la fase preparatoria significa que el fiscal del caso ha calificado como positivas las pruebas que presentamos para iniciar la acusación fiscal», señaló el contralor Khoury.