El Comercio. “Se requiere un compromiso de todos nosotros para ser capaces de afrontar los problemas nacionales, mirando más allá de los intereses partidarios inmediatos, sabiendo afrontar las críticas por más duras que deban ser. No nos mueve ningún propósito mezquino de venganza o ganancia política cuando se encuentran elementos de juicio que implican una responsabilidad en un alto jefe (dígase) con franqueza. La sanción en todo terreno no es para liquidar, sino para recuperar, pero hay que pasar por la sanción”. Senador Rolando Ames, diciembre 1987.
Sostengo la validez de estas expresiones para todo dirigente estatal o no estatal.
El silencio de las élites gremiales, académicas, científicas y partidarias, excepto un partido de oposición, es lo más grave en una república con lastre de colonialidad, caníbal, cortoplacista.
Después de 188 años republicanos, la inefectividad gubernamental y la efectividad de pequeños grupos antigubernamentales —en parte antiestatales— lograron un diálogo entre agentes étnicos, políticos, gremiales, gobiernos regionales y el Poder Ejecutivo, mientras el Acuerdo Nacional había rechazado acordar una política de Estado para la Amazonía que, con varias autoridades, propusimos en el 2007 en Chachapoyas.
Deben superarse graves fallas en la administración pública, desde las altas direcciones ministeriales, regionales, provinciales y distritales, hasta el personal de campo. Después del conflicto amazónico prácticamente no hay soluciones concretas para unos 150 distritos muy pobres; tampoco líderes indígenas, ahora con un perfil real eminentemente partidario, que sin cuestionar su derecho constitucional han siquiera aliviado la situación existente.
El proyecto de ley sobre consulta previa aprobado por el Congreso tiene fallas superables. ¿No promulgarlo sería peor? Cerca de 20 estados suscriptores no aplican el convenio con la OIT. Hay pretextos, pero también serios inconvenientes que los fanatizados antiindígenas arguyen para evadir responsabilidades y los indianistas, para demandar más de lo convenido.
¿Las cúpulas internacionales y nativas “altermundistas”, religiosas y civiles seguirán presionando y encauzando a pobladores de base para exigir la “soberanía limitada” que, bien saben, no ampara el Convenio 169, porque conocen los dictámenes del comité de expertos de la OIT? La defensoría también consultó antes de Bagua.
Hay delitos graves impunes, como el grave asesinato de policías indefensos y la desaparición de otro. Recordemos: los movilizadores laicos y religiosos prometieron reparaciones para los caídos en actos —no ideas— en los que se usó la fuerza y se amenazó con el uso de la fuerza. ¿Eso no es violencia ilegal?
Comparto las negativas a las malas inversiones y el rechazo a las violaciones a los derechos de los habitantes en cualquier parte, especialmente en nuestra compleja frontera con Ecuador. Pero quienes pretenden ser héroes solo dicen ¡no! No tienen propuestas viables; deben madurar. Cooperemos: que continúe el diálogo con programas inmediatos, mejores inversiones legitimadas y una nueva política de Estado para la Amazonía o la globalización y Brasil nos impondrán otra.