Ante la insistencia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para que el Estado suspenda todas las concesiones petroleras y mineras otorgadas sin los debidos procesos de consulta a los pueblos indígenas, el consultor Manuel Bernales, ex miembro de la comisión investigadora de los hechos de Bagua, sostuvo que este requerimiento se sostiene en «una interpretación equivocada» de la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Bernales Alvarado explicó, al respecto, que la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce el derecho de las comunidades nativas a ser consultadas sobre el ingreso de empresas a sus regiones, «no recorta drásticamente la autonomía de los estados en sus propios territorios porque si así fuera el caso, más de 100 países no hubiesen cometido el error de firmar ese convenio».
El experto, quien es consultor de las Naciones Unidas en temas de desarrollo, detalló que el convenio que firmó el Estado peruano con la OIT en 1993 «no otorga propiedad soberana y absoluta a los indígenas sobre el territorio amazónico, en este caso, pues de ser así, «¿para qué existen el Estado y el Gobierno?», se preguntó.
En ese sentido, Bernales Alvarado criticó el discurso erróneo que afirma que las comunidades nativas tienen el poder absoluto de decidir que se hace y que no se hace en los territorios donde viven.
Principio de razón superior da a Estado derecho de imponer soberanamente sus políticas
Bernales dijo que cuando el Estado señala que existe «el principio de la razón superior» –en este caso el desarrollo nacional-, el Gobierno tiene el derecho de imponer soberanamente sus políticas en un marco de deberes y derechos mutuos con las comunidades nativas. Agregó que las empresas que realizan trabajos en zonas de comunidades nativas no están exentas de realizar una consulta previa con la población para el inicio de sus operaciones industriales.
No obstante, sostuvo que el incumplimiento del convenio 169 de la OIT por parte del Estado peruano en la Amazonía (y otras regiones) no puede ser razón suficiente para traerse abajo todas las inversiones comprometida; en consecuencia, anotó, es necesaria una solución de compromiso con las comunidades nativas.
Debido a ello, Bernales Alvarado desestimó la seriedad de los documentos y pronunciamientos de la FIDH tras recordar que en su informe emitido sobre los luctuosos sucesos de Bagua en el 2009, consignó en la página 32 que «personal militar peruano inoculó a nativos amazónicos sangre de cadáveres de los policías abatidos en el enfrentamiento de Bagua».
«Esta mentira monstruosa e infamante fue publicada por la FIDH como si hubiese sido verdad», lamentó el consultor, al recordar que la FIDH señala que el informe del Estado peruano sobre los sucesos de Bagua, publicado en diciembre de 2009, «carece de objetividad, exhaustividad e imparcialidad, por lo que obstaculiza el diálogo».
Bernales Alvarado también desestimó este pronunciamiento porque insistió que esa institución carece de la suficiente seriedad.
Finalmente, el ex comisionado dijo que el conflicto en Bagua –cuyo desenlace fue el asesinato de 24 policías y 10 nativos- fue un «operativo psicosocial» que en este caso no fue organizado por el Gobierno sino por grupos radicales –que incluye a sacerdotes jesuitas- enquistados en las organizaciones representativas de los pueblos amazónicos.