La representante del Ministerio de Justicia, MINJUS, ante el Grupo de Trabajo Multisectorial contra la Trata de Personas, Fernanda Ayasta, resaltó que a partir de la promulgación del Reglamento de Defensa Pública del Estado, el pasado 23 de setiembre, los ‘defensores de oficio’ podrán atender minuciosamente los casos de trata de personas que se denuncien en nuestro país, desde la presentación del caso y hasta la sentencia.
En conversación con el programa Diálogo Ciudadano, la especialista dijo que con esta normativa la labor de asistencia gratuita del MINJUS podrá consumarse, e indicó que antes no podía hacerse debido a que no existía una norma expresa que así lo dispusiera.
«Ahora sí el Ministerio de Justicia tiene una lucha muy fuerte contra la trata de personas a través de la asistencia legal a lo largo de todo el proceso, desde el inicio hasta la sentencia», declaró al programa radial de INFOREGIÓN.
En ese mismo sentido, dijo estar al tanto de que las zonas conocidas como ‘altos y bajos mundos’, en el valle de los ríos Apurímac y Ene, VRAE, son parte de las cinco rutas en que se ha detectado trata de personas y explotación laboral y sexual.
El Grupo de Trabajo Multisectorial contra la Trata de Personas fue creado en el año 2004 y comprende a los sectores Justicia, Interior (que lo preside), Salud, Educación, Trabajo, Relaciones Exteriores y Mujer y Desarrollo Social.
También cuenta con la participación de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD y ONGs como CHS Alternativo y Acción por los Niños.
Todas las instituciones, tanto públicas y privadas, buscan acabar con el delito de la trata de personas a través de un trabajo coordinado.