El presidente del Consejo Étnico de los Pueblos Kechwas de la Región San Martín (Cepka), Jaime Tapullima Pashanase, pidió que se respeten los derechos indígenas en las Áreas de Conservación Regional (ACR) y planteó que el Gobierno Regional acepte su propuesta de co-gestión, para que puedan administrar a la par con los pueblos indígenas estas área.
En San Martín, el pueblo Kechwa de la región experimenta un estado de alerta constante en relación con la conformación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), ya que hasta el momento los pobladores han visto restringido su acceso a zonas importantes para su subsistencia.
Las denuncias se presentaron en el Observatorio de Conflictos Socio Ambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico, que presentó un primer informe semestral que compila los conflictos sociales percibidos por poblaciones indígenas Asháninkas, Wampis, Awajún, Kichwa y Kechwa entre los meses de mayo y julio del 2012 en Bagua y Condorcanqui (Amazonas), Satipo (Junín), Lamas (San Martín) y Napo (Loreto).
Los representantes de los pueblos Kechwas, se hicieron presentes a lo largo de la exposición y coincidieron en señalar que se les está dejando de lado y que el Gobierno Regional de San Martín no los está considerando debidamente en la administración de la ACR-CE.
En este sentido, Janio Sangama Apagueño, integrante del equipo técnico de la Federación de los Pueblos Kechwas de la Región San Martín (Fepikresam) admitió que la creación de la ACR les pareció en su momento oportuna y que por eso firmaron el acta, pero al final “nos presentaron otra cosa diferente” ya que no habría habido una adecuada consulta previa, según expresó a Inforegión.
“Uno ya no puede ir a esos lugares libremente. Algunos comuneros han sufrido procesos judiciales por hacer uso tradicional de la ACR. Sin necesidad de áreas de conservación, nosotros siempre hemos cuidado los recursos. Habría que preguntarse cuánto derriban los indígenas y cuánto el Grupo Romero”, remarcó.
Los dirigentes revelaron que se viene amedrentando y amenazando a los Apus de sus comunidades por estas protestas. Denunciaron que el 29 de agosto pasado, dos nativos fueron asesinados en circunstancias que aún desconocen, pero que el objetivo habría sido matar un Apu.
La jornada empezó con una breve presentación del proyecto “Mitigación y Desarrollo de la Amazonía” a cargo de Miguel Lévano, coordinador del proyecto. Lévano estableció cuatro focos para este proyecto que intenta fortalecer las capacidades de diálogo, promover la información y el monitoreo de conflictos e impulsar la participación de los actores políticos y civiles en el diálogo.
Estos cuatro focos en donde se desarrolla el proyecto, dijo, son las localidades de Napo (Loreto), Bagua (Amazonas), Lamas (San Martín) y Satipo (Junín). Así, Lévano presentó los detalles del Informe Semestral realizado por el Observatorio en algunos casos de la Amazonía peruana.
De esta manera, se registró el caso del pueblo Awajún, en Amazonas, donde se ha generado un conflicto con la minera Afrodita y otras empresas que obtuvieron concesiones en la frontera con Ecuador, próximas a la Cordillera del Cóndor. El Estado ha concesionando en Condorcanqui un total de 139 mil 627 hectáreas de las cuales 100 mil 340 se encuentran en el ámbito de la Cordillera del Cóndor y una fracción importante (mil 769 hectáreas) superpuestas al Parque Nacional Ichgkat Muja.
De igual manera, el pueblo Wampis se ha visto amenazado por la superposición del lote 116 de la petrolera Maurel et Prom, de 658 mil 879 hectáreas, con la Zona Reservada Santiago Comaina (en el 36.6% de su extensión) y a la Reserva Comunal Tuntanain (48.5 %). En Bagua opera el lote 145, el cual se extiende sobre la superficie de cuatro comunidades en un total de 13,685 hectareas superpuestas.
Asimismo, en el territorio Ashaninka, en Junín-Satipo, se superponen los lotes 57 (REPSOL), 131 (CEPSA Perú S.A.), 108 (Pluspetrol), 58 (Petrobras Energía Perú S.A.), y 174 (Tecpetrol Lote 174 S.A.C.).
En el territorio del pueblo Kichwa, en Napo-Loreto, van más de dos años desde que las comunidades de la cuenca media y baja del río Napo realizan denuncias públicas por las constantes incursiones de dragas que extraen oro de manera ilegal en el río.
El Primer Informe Semestral es una publicación que contiene una síntesis y un análisis de los acontecimientos informados en los reportes mensuales difundidos entre los meses de mayo y julio del presente año.
Esta actividad se realiza en el marco del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Acción Solidaria para el Desarrollo (CooperAcción), y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Perú).