El Programa de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI) realizará del 13 al 15 de marzo la “Primera Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal para los países de la Cuenca Amazónica de Perú, Colombia, Ecuador y Brasil”, en la ciudad de Bogotá.
Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Gobierno Británico, nace ante la falta de medidas contundentes para combatir la corrupción en América Latina, que no solo pone en peligro a la democracia, sino también a los bosques amazónicos de la Cuenca Amazónica y otras áreas naturales estratégicas en la región.
El evento está dirigido a representantes de sociedad civil de estos cuatro países, con experiencias previas de liderazgo y activismo en la defensa de los bosques. Estos países comparten un bioma como la Amazonía y surgen amenazas estructurales que necesitan de diálogos regionales para proponer una agenda común que conduzca a una mejor gobernanza forestal en las Américas.
Por su trayectoria en materia anticorrupción y alianzas para la gobernanza forestal en otras regiones, México participará en esta Primera Escuela Anticorrupción y Gobernanza Forestal para implementar este modelo en otras regiones estratégicas como la Selva Lacandona, una de las zonas biológicas más importantes en la región.
Durante tres días, los participantes serán capacitados sobre la problemática de la corrupción como uno de los principales factores que impulsan la deforestación en la Cuenca Amazónica. Otro tema que se abordará es el planteamiento de iniciativas de vigilancia y monitoreo ciudadano contra los desafíos identificados en la gestión forestal, con ello se busca mejorar los estándares de transparencia e impulsar sistemas de control eficientes, así como incentivar la participación plena y efectiva de la ciudadanía y la sociedad civil. Las exposiciones estarán a cargo de expertos y expertas de estos cuatro países.
Con todo lo aprendido, los asistentes podrán formar sus propias Redes Anticorrupción y de Gobernanza Forestal Nacional en sus países y así implementar formas de diálogo, colaboración e incidencia a nivel de la Cuenca Amazónica.
Esta iniciativa ya se viene impulsando en Perú desde el año 2019 con el nombre de Redes Anticorrupción Forestales (RAF) en sus tres principales regiones amazónicas: Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Las RAF están conformadas por jóvenes estudiantes, organizaciones de sociedad civil y pueblos indígenas.
“América Latina y el Caribe albergan el 50 % de la biodiversidad del planeta y una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo, en paralelo la región es también uno de los principales puntos de origen del comercio mundial de madera, tanto legal como ilegal. Los delitos ambientales han reconfigurado las relaciones de poder local, regional nacional e internacional y esto ha traído graves consecuencias de gobernabilidad, afectando al planeta, a la seguridad, a la salud pública, y al desarrollo económico y social de nuestros países”, señaló la representante del Programa de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, Magaly Avila.
Por ello, Avila consideró importante la creación de una Red Anticorrupción y de Gobernanza Forestal en la Cuenca Amazónica porque “responde al desafío de generar una cultura de transparencia y rendición de cuenta que dinamizará la región con acciones efectivas anticorrupción”. Además, recalcó que permitirá a los miembros de estas redes luchar en contra de las prácticas corruptas que perjudican a la gobernanza forestal. También, gracias a sus acciones de vigilancia ciudadana podrán construir una sociedad con mayor justicia ambiental, transparencia y ética pública.
Sobre el Programa de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional
Este programa está conformado por siete capítulos nacionales de Transparencia Internacional: Perú, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador y República Dominicana. Tiene como objetivo incidir en la gobernanza ambiental de la Cuenca Amazónica de América Latina para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, la gestión de los bosques, el cumplimiento de los derechos humanos (con énfasis en defensores ambientales y anticorrupción), así como generar capacidades para identificar y sancionar las cadenas de trazabilidad delictiva que ocasionan los crímenes ambientales; ocasionados principalmente, por la corrupción y el crimen organizado.
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