Los sedimentos de los relaves de la mina Caudalosa Chica, que se derramaron el pasado 25 de junio al romperse el dique que los contenía en el distrito de Huachocolpa, en la provincia de Huancavelica, llegaron hasta el río Cachi, que cruza la provincia ayacuchana de Huanta. Es decir, recorrieron más de 110 kilómetros de distancia.
Como parte de un informe presentado ante la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso de la República, el presidente del consejo directivo de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Ambiente (OEFA), Walter García Arata, mostró una fotografía que registra la presencia de sedimentos en el río Cachi, específicamente aguas arriba del puente Allccomachay, en la confluencia del río Mantaro.
Según el diario El Comercio, García Arata señaló que la contaminación habría afectado suelos, flora, fauna y los cauces de los ríos Escalera, Huachocolpa, Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachimayo, Mantaro y Cachi. La población ribereña de todos esos afluentes habría sido la más afectada.
Por su parte, la congresista ayacuchana Juana Huancahuari pidió a las autoridades de su región actuar de inmediato para evitar que las aguas contaminadas afecten a los pobladores, animales y campos de cultivo. Así —señaló—, espera las acciones de las subgerencias de Defensa Civil, de Recursos Naturales, de Gestión del Medio Ambiente y de la Dirección Regional de Salud.
Piden clausura definitiva
Carlos Candiotti, presidente del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia huancavelicana de Angaraes, manifestó que la suspensión de operaciones de la minera Caudalosa Chica, ordenada esta semana, no es suficiente. Dijo que los pobladores piden el cierre definitivo de la empresa.
El pasado 8 de julio, al concluir la paralización que realizaron los pobladores de la provincia huancavelicana de Angaraes, se presentó una denuncia penal ante la fiscalía provincial en contra de los accionistas de la empresa minera.
El documento está firmado por el alcalde de Angaraes, César Zorrilla, el congresista Miro Ruiz, la consejera regional por la provincia, Carmela Vargas Ticlla, Carlos Canditotti Ordóñez y Édgar Quispe Méndez, directivos del comité de fiscalización.
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