El Reporte de Conflictos Sociales n.° 220, correspondiente al mes de junio de 2022, fue presentado por la Defensoría del Pueblo. El documento da cuenta –entre otros aspectos– de 207 conflictos sociales registrados (153 activos y 54 latentes). Se advirtió la incorporación de seis nuevos conflictos sociales.
Casos nuevos
Respecto a los casos nuevos, uno de ellos, por asuntos de gobierno regional, se registra en el departamento de Amazonas, donde la ciudadanía y las organizaciones sociales de Condorcanqui reclaman a la autoridad regional el cambio de la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) y atención de la problemática de la educación intercultural bilingüe. Otro conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en Lima, donde el Frente de Defensa de Canta y un sector de la población demandan la atención de la contaminación ambiental a causa por el derrame de aproximadamente 35 toneladas de concentrado de zinc al río Chillón, tras la volcadura de un camión que brindaba el servicio de transporte de carga a la Compañía Minera Chungar (Volcan Compañía Minera).
Otros dos conflictos sociales de tipo socioambiental se registran en el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac, donde las comunidades campesinas de Chuicuni y Chila, las cuales sostienen que la empresa Minera Las Bambas no estaría cumpliendo los compromisos asumidos y solicitan formar parte del área de influencia directa de Las Bambas. En el caso de Chila también piden la renegociación del precio por la transferencia de parte de su propiedad.
Un quinto conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en la provincia General Sánchez Cerro, en Moquegua, donde la Asociación de Comunidades Campesinas Originarias Afectadas por el Proyecto Minero San Gabriel demanda la paralización del proyecto, mientras que la Asociación de Pobladores Originarios de Camélidos Sudamericanos de Quilcata y sus Cabañas demanda la instalación de una mesa de diálogo con las 42 comunidades campesinas de la provincia.
Otro conflicto de tipo comunal se registró en San Martín, donde la comunidad nativa Huascayacu rechaza la creación de una base de rondas campesinas en el territorio de su comunidad por parte de arrendatarios del sector Sugkash y la invasión de su territorio; en tanto, los arrendatarios del sector Sugkash sostienen que la comunidad nativa incumple con los contratos de arrendamiento suscritos y que la creación de la base rondera tiene la finalidad de brindar seguridad en la zona.
Casos resueltos
Se registran dos casos resueltos este mes. Uno involucra a la comunidad campesina Salinas Moche y la empresa Minera Inkabor, en Moquegua, las cuales suscribieron acuerdos en beneficio de la población en el marco de la mesa de diálogo instalada por las partes. Otro caso resuelto involucró a trabajadores temporales de las empresas de agroexportación en Ica y La Libertad. En Ica, se verifica que luego de la derogatoria de la Ley n.º 27360 y de la publicación de la Ley n.º 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial, se han retomado las actividades laborales. En el departamento de La Libertad, se verifica que las empresas de agroexportación han mejorado sus relaciones laborales con los trabajadores.
Casos por tipo y lugar
Con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (28 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (18) y Apurímac (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (63.3 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 67.2 %.
Diálogo
Del total de casos activos, el 66 % (101 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 79 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 78.2 % (79 casos) corresponde a casos socioambientales.
Violencia
Producto del enfrentamiento entre integrantes de organizaciones de mineros informales en el distrito de Ático, en Arequipa, 14 personas perdieron la vida y cinco resultaron heridas. Inicialmente se identificaron siete personas fallecidas, tal como figura en el Reporte de Conflictos Sociales n.° 219; sin embargo, días después, la Policía Nacional halló otros siete cadáveres en la zona.
De igual manera, el enfrentamiento entre integrantes de la comunidad nativa de Huascayacu y presuntos invasores que se identificaron como parte de rondas campesinas, en San Martín, dejó una persona fallecida y cinco heridos. Asimismo, 16 personas (10 civiles y 6 policías) resultaron heridas producto de un enfrentamiento entre la población del distrito de San Pedro de Coris y trabajadores de la Corporación Minera Cobriza, en Huancavelica.
Protestas
Se registraron 230 acciones colectivas de protesta en el mes de junio, 70 más que el mes anterior. Del total, el 47. % (108) fueron plantones.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 22 alertas tempranas (ver página 15 del reporte), para que actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, seis corresponden a casos nuevos, 8 son conflictos activos y 8 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales, informó la Defensoría del Pueblo.
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