Casos nuevos
Un conflicto de tipo socioambiental se desarrolla en el departamento de Huánuco, donde el Frente de Defensa del anexo de Huayrajirca y un sector de la población de la comunidad campesina Santa María del Valle se oponen al proyecto de instalación de torres de alta tensión de la empresa Transmantaro. Otros dos tienen lugar en la región Loreto. Uno de tipo socioambiental que involucra a la comunidad nativa San José de Nueva Esperanza, la cual solicita un espacio de diálogo con representantes de la empresa Pluspetrol, con el propósito de encontrar alternativas que permitan atender la situación ambiental en la localidad. Otro conflicto por asuntos de gobierno local involucra al Frente de Defensa Intercultural de la provincia del Datem del Marañón, el cual cuestiona la ejecución de obras a cargo de la Municipalidad Provincial y reclama la intervención de la Contraloría General de la República.
Otros dos nuevos conflictos de tipo socioambiental se registran en Pasco. Uno comprende a la población del anexo Machcan que exige a la empresa minera Atacocha-Nexa la reconstrucción de sus caminos y el cumplimiento de compromisos en materia de empleo, contratación de servicios, mejoramiento de viviendas, reinicio de transporte, entre otros. El otro, involucra a ciudadanos de la comunidad campesina Villa Corazón de Jesús, quienes denuncian que la empresa minera Glore Perú vendría usando las vías comunales para transportar minerales desde su unidad minera sin realizar el respectivo mantenimiento, lo cual generaría contaminación a través de la polvareda en la zona, afectando así los pastizales y animales.
Casos resueltos
En abril último se resolvieron cuatro conflictos sociales. Uno por asuntos de gobierno nacional que involucra a los aportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), el cual fue resuelto luego que se publicará la Ley n.° 31173, que garantiza el cumplimiento de la Ley n.o 29625, ley de devolución de dinero del citado fondo a los trabajadores que contribuyeron al mismo, priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Otro conflicto resuelto se registró en Amazonas, donde el Comité de Lucha Provincial de Condorcanqui del Pueblo Awajún Wampis e Hispanos y otras organizaciones indígenas exigían la salida del gerente de la Subregión de Condorcanqui por presuntas irregularidades en su gestión. El Gobierno Regional de Amazonas informó a la Defensoría del Pueblo las medidas adoptadas luego de retirar del cargo al funcionario cuestionado. No se han vuelto a realizar protestas.
Otros dos conflictos resueltos son de tipo socioambiental en Pasco. Uno involucra a la comunidad campesina de San Pablo de Ticlacayán y a la empresa Nexa Resources Atacocha, las cuales suscribieron acuerdos en un espacio de diálogo bilateral sin participación de las instituciones del Estado. Otro estaba relacionado a la comunidad campesina de Smelter y a la Minera El Brocal, que suscribieron de manera bilateral los últimos acuerdos referidos al “pago de improductivos” por el tiempo que dejó de laborar la empresa comunal durante la paralización de actividades debido a la pandemia.
Casos por tipo y lugar
En cuanto a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (26 casos) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21) y Áncash (16). En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (64.4 %). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007. Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64.2 %.
Diálogo
Del total de casos activos, el 68.1 % (96 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo, la Defensoría del Pueblo participa en 77 de ellos. Del total de conflictos en diálogo, el 70.8 % (68 casos) corresponde a casos socioambientales.
Protestas
Se registraron 157 acciones colectivas de protesta en el mes de abril. El 64.3 % fueron plantones.
Alertas tempranas
En atención a su evaluación e intervención en conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo envía al Estado, las empresas y la sociedad 23 alertas tempranas (ver página 10 del reporte), para que se actúen en el marco de sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cinco son conflictos nuevos, seis son casos activos y 12 son casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.