Andrea Querol, directora ejecutiva de la ONG Capital Humano y Social – CHS Alternativo, explicó que el balance de la implementación de la ley contra la trata de personas permite plantear una lucha más eficiente contra el delito y una mejor atención a las víctimas, así como sensibilizar a las autoridades regionales y locales sobre esta situación que se presenta en lugares donde hay poca presencia del Estado.
Durante la presentación del Segundo Balance de la Implementación de la Ley 28950 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes y su Reglamento, la directiva indicó que este documento permite saber qué se está haciendo en el tema en el ámbito de la prevención, persecución y atención de las víctimas.
Por ejemplo, precisó que en relación al año pasado a nivel del gobierno central hay avances, como lo que hace el Ministerio de la Mujer en la atención a víctimas y la Policía Nacional mediante la realización de operativos contra este delito.
Sin embargo, hace falta trabajar mucho en zonas como San Martín y Ucayali, donde las vías fluviales -los ríos- permiten un tráfico intenso.
«En el estudio determinamos que los gobiernos regionales y locales no están haciendo lo suficiente. Las zonas como el VRAE y Madre de Dios, donde no hay presencia del Estado y actúa el narcotráfico o la minería ilegal impulsando una economía paralela, se convierten en focos de atracción para la trata de personas tanto en el ámbito laboral como sexual», explicó.
También aconsejó a las nuevas autoridades regionales y ediles conocer la legislación para saber qué les compete, y a partir de ello tomar acciones. Las municipalidades son los responsables del control de los locales públicos, como bares y agencias de empleo, que podrían ser clausurados si se tiene información que son centros de prostitución o abuso laboral.