Ante los últimos acontecimientos relacionados con conflictos sociales y ambientales, la Red de Propuesta y Acción Muqui hizo un llamado urgente para respetar los derechos de todos los peruanos, garantizar el uso sostenible de nuestros recursos, fortalecer la institucionalidad pública y atender las demandas y reclamos de las poblaciones afectadas por la expansión de las industrias extractivas.
Mediante el pronunciamiento “Para Poder Vivir en Paz” publicado en un diario el domingo, Muqui mostró su preocupación por la autorización de 35 concesiones mineras en la frontera con Ecuador al consorcio minera estatal chino Zijin para proyectos transfronterizos y solicitó al Gobierno informen sus razones para declarar de necesidad pública la inversión privada en esa zona.
También cuestionó si en la evaluación del proyecto se consideró la posibilidad de desarrollo de un proyecto transfronterizo, de gran magnitud que podría tener impactos ambientales y sociales significativos y vulnerar la seguridad nacional. Muqui también rechazó el maltrato sufrido por los comuneros que se oponen al proyecto Río Blanco.
Por otro lado, consideró que el otorgamiento de concesiones no puede darse al margen de la consulta de las comunidades o poblaciones que habitan los territorios donde éstas se ubican, como la comunidad Awajun de Huampami, que habita en el distrito del Cenepa, que adoptó medidas desesperadas para hacerse oir.
En ese sentido, Muqui pidió que situaciones como la de los pobladores de Yanta y Segunda y Cajas no deberían seguir reproduciéndose, para lo cual se debe fortalecer el principio de autoridad y que el Estado dé respuesta oportuna a los reclamos de sus ciudadanos y proteja los derechos de quienes se sienten amenazados.
Pide investigar secuestro de pobladores contra Majaz en 2005
La Red Muqui también evidenció lo paradójico de que el Estado proteja a la empresa Río Blanco Copper S.A. que no cuenta con el permiso de los propietarios de las tierras en donde opera y que tampoco tiene regularizados de los derechos mineros necesarios para explorar y explotar.
Así, pide que se investigue la represión, secuestro y tortura de la que fueron víctimas los pobladores que protestaban por parte de efectivos policiales y agentes de seguridad de la empresa minera Majaz, hoy Río Blanco, en las instalaciones de su campamento minero con anuencia del Ministerio Público, en el año 2005.
“Exigimos la investigación de estas violaciones a los derechos y la identificación y sanción de sus responsabilidades”, remarcó, y resaltó la importancia de que en todo el país se profundicen las prácticas democráticas y el respeto de los derechos de todos los peruanos.
Finalmente, opinó que tanto en el caso de Majaz como en el Santuario Ecológico de Pómac se usurpan tierras. De un lado agresor es una empresa minera y del otro un grupo de traficantes de tierras que busca el lucro, indicó, y reafirmó que en ambos casos se debe restablecer el derecho violado y el principio de autoridad.
La Red Muqui es una red de instituciones nacionales y locales que buscan promover el desarrollo sostenible, así como ampliar y defender los derechos de las comunidades y poblaciones en áreas de influencia minero – metalúrgico, conformada por diversas asociaciónes y organizaciones de la sociedad civil.