El ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, recomendó la elaboración de un estudio de impacto medioambiental antes de realizar la concesión de la central hidroeléctrica de Inambari, un megaproyecto en el que se invertirían aproximadamente 4,000 millones de dólares.
«Siempre he reclamado un soporte técnico. Tiene que hacerse un estudio ambiental integral que muestre el análisis costo-beneficio en esa zona», señaló.
En otro momento, subrayó que se debe aprender a desarrollar estudios de impacto ambiental que permitan un análisis riguroso de estos megaproyectos “y atender a las recomendaciones que ha hecho al respecto el Ministerio del Ambiente”.
Gamio afirmó que las hidroeléctricas garantizan el suministro futuro de energía y un costo competitivo de la misma, pero advirtió que estas construcciones deben tener una planificación rigurosa para saber dónde conviene ubicarlas y bajo qué condiciones.
El ex funcionario consideró que, de aprobarse la concesión de este megaproyecto, se debe tener en cuenta las necesidades del mercado interno. «Necesitamos priorizar el mercado interno», agregó.
La central de Inambari se ubicaría cerca al Parque Nacional Bahuaja-Sonene, en el límite de los departamentos de Puno, Madre de Dios y Cusco, aproximadamente a 300 kilómetros de la frontera con el estado de Acre en Brasil.
Hay que recordar que el último informe del Sistema de Monitoreo de Cultivos de hoja de coca ilegal de la Oficina contra las drogas y el delito de Naciones Unidas, ONUDD, demostró que la Reserva Nacional del Tambopata y el Bahuaja Sonene, ya están sufriendo la presencia de estos ilícitos cultivos que generan deforestación, degradación de los suelos y la contaminación del medio ambiente y la salud pública.
El estudio señaló también que el avance de la frontera cocalera hacia las áreas naturales protegidas ya no comprende sólo las zonas de amortiguamiento, sino que en varios casos los cultivos de hoja de coca ilegal han ingresado ya a las propias zonas protegidas.
La cuenca de Inambari-Tambopata alberga 2.959 hectáreas de coca mientras que en la de San Gabán existen unas 500 hectáreas de coca ilegal.