Patricia Arteaga Crovetto, abogada en derechos de los indígenas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lamentó que el Estado solo promueva la inversión privada y olvide su función de garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Durante el evento Identidad, poder y derechos de los indígenas, organizado por el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, UNRISD, Arteaga Crovetto cuestionó que los funcionarios del Estado consideren que se retrae la inversión extranjera cuando se reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
Entrevista a Patricia Arteaga Crovetto, abogada en derechos de los indígenas de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Para la experta, el Ministerio de Energía y Minas se ha convertido en una sucursal de las empresas transnacionales en tanto que el Estado aparece como “broker” intermediario entre las empresas transnacionales y las instituciones financieras internacionales y que sólo promueva campañas para convencer a la opinión pública de las bondades de alguna inversión, como exportar el Gas de Camisea por ejemplo, sin tener en cuenta los proyectos e impactos que repercutirán en los pueblos indígenas que viven sobre el área de la concesión.
Indemnizaciones no ven derechos de identidad
En ese sentido, Arteaga Crovetto, demandó poner más atención al tema de las indemnizaciones y compensaciones económicas de las empresas a las comunidades, dando el justo valor a los efectos que los mega proyectos tienen sobre los derechos a la identidad, cultura, participación y a la consulta en las comunidades indígenas.
Asimismo pidió no abandonar la posición neutral que debe adoptar el Estado para garantizar los derechos de estas comunidades y no parcializarse con las empresas que traen inversión privada, pues esto solo genera más conflictos.
“No se debe someter a las comunidades a los intereses de las empresas y se debe tener en cuenta que las comunidades tienen derechos, para lo cual existe el Convenio Nº 169 que el Estado firmó con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que debe estar siempre en las mentes de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas y de los trabajadores de las corporaciones transnacionales”.
La experta pidió no olvidar la situación de pobreza en que viven las comunidades en cuyos dominios se levantan los grandes proyectos de inversión. “En los lotes concesionados del proyecto Camisea por ejemplo, ubicados en tierras machiguengas, hay un 80% de desnutrición, un 33% de analfabetismo y un 40% de enfermedades respiratorias diarreicas”, advirtió.
Por si ello fuera poco, alertó asimismo que a la zona han llegado ya las enfermedades de transmisión sexual, muertes por tráfico fluvial, al tiempo que se evidencia una menor fuente de alimentos, carencia de animales para la caza y la pesca, deslizamientos de tierra, agua contaminada y disminución del agua.