La denominación «patrimonio regional» que el gobierno regional de Puno intentó colocar a la hoja de coca y que fue desestimada por el Tribunal Constitucional buscaba legalizar las plantaciones de ese cultivo en esa parte del país y que en su mayoría es aprovechada por las mafias del narcotráfico.
Así lo afirmó para INFOREGIÓN el doctor Alejandro Vassilaqui, director ejecutivo del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas-CEDRO, quien recordó que aproximadamente entre el 85 y el 90% de la hoja de coca que se produce en el país va al narcotráfico y que Puno últimamente ha aumentado en forma vertiginosa el cultivo de la «hoja sagrada».
En ese sentido, consideró que el Tribunal Constitucional ha ratificado su posición, puesta ya en evidencia mediante resoluciones similares emitidas en el 2005, al señalarle al presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, que su planteamiento no es admisible.
«Lo que ha hecho el TC es repetir y reafirmar sus resoluciones anteriores para anular intenciones similares de los gobiernos regionales del Cusco y de Huánuco», detalló. Luego sostuvo que el problema y la política en el tema de las drogas es materia nacional y no regional.
Ninguna iniciativa similar será avalada
Conocedor de la iniciativa de algunos campesinos del valle del Monzón que reclaman al presidente regional de Huánuco, Jorge Espinoza Egoávil, para que gestione documentos similares ante Tribunal Constitucional, Vassilaqui avizoró que el colegiado no avalaría esas solicitudes.
«El Tribunal Constitucional ha ido más allá en esta oportunidad y ha dicho que todas las acciones que se ejecuten con relación a ello serán desestimadas por cuanto el problema es de carácter nacional. Por lo tanto, cualquier otro esfuerzo que se haga por algún gobierno regional será desestimada», precisó.
Del mismo modo, descartó que luego de la resolución del Tribunal Constitucional puedan acudir ante algún organismo supranacional para manifestar su disconformidad con la decisión y su apoyo al cultivo de la hoja de coca, pues el Perú y muchos otros países son suscriptores de acuerdos internacionales y convenciones de las Naciones Unidas contra las drogas.