El presidente de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política del VRAE, Walter Aguilar, cuestionó la propuesta del primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, para declarar el VRAE como zona de combate, ya que esta situación “generaría volver al pasado que tuvo un costo social muy grande con la muerte miles de personas”.
“Sería un gravísimo error aplicar la propuesta de Luis Giampietri, nosotros las víctimas de la violencia sabemos las consecuencias trágicas que ha traído la guerra interna que vivimos en el VRAE. Son más de 10 mil víctimas civiles de esa violencia iniciada por Sendero y a la que las Fuerzas Armadas respondieron con ciertos excesos que hoy nadie está dispuesto a permitir”, señaló en conversación con INFOREGIÓN.
Cabe recordar que el primer vicepresidente de la República propuso ante el Pleno del Congreso de la República, que el VRAE sea declarado como zona de combate y se inicie en este lugar la retirada de todos los civiles.
El representante de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Violencia Política VRAE sostuvo que el gobierno debe ejecutar proyectos de desarrollo social y productivo para tantas personas que permanecen en el olvido.
“Solo de esta forma se logrará que ellos se sientan parte del Estado y así contribuirían en la lucha antisubversiva para conseguir la paz, como lo hicieron en el pasado”, manifestó.
Avanza proceso de acreditación de las víctimas
Aguilar brindó estas declaraciones tras participar en la entrega de 150 credenciales a las víctimas de la violencia, la cual estuvo encabezada por representantes del Consejo Nacional de Reparaciones y tuvo como escenario el Centro Cívico de Kimbiri.
“Este es el inicio de la entrega de un promedio mil acreditaciones que se otorgarán en los distritos de Pichari, San Francisco, Sivia, Santa Rosa. Sin embargo, los esfuerzos deben redoblarse porque aún son más de 9 mil víctimas que no cuentan con sus acreditaciones”, expresó.
Señaló que este registro permite a las víctimas acceder a las reparaciones individuales en salud y educación, y además es una acción que realiza el Estado para resarcir los daños causados a muchos inocentes durante el periodo de la violencia política.
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