Autoridades políticas, dirigentes agrarios y la sociedad civil del distrito de Tambogrande, en la región Piura, rechazaron enérgicamente la ejecución de cualquier proyecto minero en sus territorios.
En un pronunciamiento, denunciaron que los decretos supremos 027-2020-EM y 028-2020-EM que promueven la inversión minera en Tambogrande, desconocen una consulta vecinal de 2002 y atentan contra la Constitución.
Por ello, exigieron la derogación de ambos decretos supremos o, en caso contrario, advirtieron que radicalizarán sus medidas de lucha “en defensa de los intereses de nuestro pueblo”.
Decretos cuestionados
El pronunciamiento en conjunto de los actores sociales de Tambogrande fue publicado el domingo 20 de diciembre en el diario La República.
En él, cuestionan los decretos 027-2020-EM y 028-2020-EM que declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a una empresa a adquirir derechos mineros en Tambogrande.
La empresa minera en cuestión es Nuevo Arcoíris, que cuenta con inversión extranjera y peruana, y fue autorizada para adquirir dichos derechos dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.
Para los representantes de Tambogrande, los decretos emitidos desconocen la consulta vecinal de 2002 en la que el 98.6% de la población decidió por el modelo de desarrollo económico basado en la agricultura.
Además, indican que dichos decretos “atentan flagrantemente el artículo 71 de la Constitución” que protege la soberanía del Perú dentro de los 50 kilómetros de los límites de la frontera.
Medidas anunciadas
Frente a esta situación, exigieron al gobierno de Francisco Sagasti la derogatoria de los dos decretos supremos y anunciaron la conformación de un comité técnico que estará abocada a esta exigencia.
Los representantes también acordaron embanderar el distrito con el pabellón nacional acompañado de un listón verde en señal de protesta.
Así como realizar un paro distrital y una marcha hacia la ciudad de Piura para dar a conocer su rechazo a los decretos supremos cuestionados.
Por último, hicieron responsable al gobierno central ante “cualquier conflicto social que ponga en peligro la propiedad privada de muchos de nuestros agricultores”.
Ello, debido a que las concesiones mineras otorgadas con los decretos, “abarcan zonas de producción agrícola” y no zonas de minería artesanal, “tal como se pretende hacer creer a la opinión pública”, agregan.
Fuente: Servindi
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