El narcotráfico y la minería ilegal que se desarrollan en el distrito de San Gabán, ubicado en la selva de Puno, son problemas muy bien conocidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ambas entidades informaron al diario El Comercio que la erradicación de hoja de coca y las interdicciones en esta zona son parte de sus planes para este año.
Ayer, el diario denunció la impunidad que se vive en ese distrito de la provincia de Carabaya, cercano a Madre de Dios.
“Mario Ríos, director de Promoción y Monitoreo de Devida, reconoció que a San Gabán se han mudado muchos agricultores dedicados a la coca que fueron expulsados de otras regiones”, señaló el rotativo.
Ríos acepta que después de la erradicación de más de tres mil hectáreas de cultivos ilegales de coca, realizada hace 10 años, el Estado no ha hecho un seguimiento.
“La erradicación tiene que ser compulsiva”, declaró el funcionario de Devida.
Agrega que tienen planeado llegar con proyectos productivos a este distrito pero que deben ser presentados por las autoridades. “Pero, muchas de estas son cómplices del narcotráfico”, dice.
El alto comisionado en Asuntos de Formalización Minera de la PCM, Daniel Urresti, asegura que se realizarán interdicciones en la cuenca del río Inambari, donde está San Gabán. “Apostamos por las interdicciones y por elevar los costos de este delito. Ese oro ilegal no puede comercializarse porque hay control”, dice.
Tanto Devida como la PCM confirman que sí han identificado una relación entre narcotráfico y minería ilegal que está siendo investigada por las fiscalías especializadas en lavado de activos. “El narcotráfico apoya económicamente a la minería y el oro se ‘blanquea’ en el extranjero”, cuenta Urresti.
Ríos señala que la Sunat también controla los insumos químicos que utilizan ambas actividades ilícitas y que esta vez sí habrá una acción permanente.
El jefe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Flavio Mirella, señala que, aunque las penas para los involucrados en narcotráfico son altas, la minería ilegal aún tiene sentencias leves, con un máximo de seis años (El Comercio).