Esta semana en Lima, se realizó el V Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo convocado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y el Grupo Milenium, con el respaldo de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la Florida International Bankers Association. Así como suena.
El lavado de activos o blanqueo de dinero es materia de un creciente escrutinio en el ámbito internacional. Y es que el desarrollo vertiginoso de la banca electrónica y el comercio plantea nuevos y complejos escenarios virtuales que están siendo aprovechados por el crimen organizado para lavar el dinero de sus fechorías.
“Decimos que películas como Second life o Swordfish son de ciencia ficción, pero eso ya está ocurriendo. ¡El futuro es ahora!”, dramatizó John Jairo Echeverry, experto colombiano.
Para detectar el lavado de activos, se crearon unidades de Inteligencia Financiera (UIF) con el fin de cerrar los “agujeros negros” en el sistema económico, en Europa, a inicios de la década de 1990, y en el Perú, en el 2003.
Sin embargo, la UIF peruana no cuenta aún con todas las herramientas de análisis estándar en la esfera internacional.
El martes 7, la Comisión de Constitución del Congreso vetó la posibilidad de acceso de la UIF – Perú al secreto bancario y la reserva tributaria, al dictaminar la inconstitucionalidad del proyecto de ley 794 (CARETAS 2282). El congresista PPC-APGC Luis Bedoya de Vivanco presionó para que se procediese con la firma del dictamen, el martes último.
El sábado 11, La República editorializó a favor del proyecto de ley, pero El Comercio lo hizo en contra, el lunes 13 (“El gran hermano”).
Editorializó el decano, inspirada la pluma en los argumentos neocom del Tea Party norteamericano: “El combate al narcotráfico y el lavado de activos, a nadie le cabe duda, es una tarea esencial del Estado. Pero no podemos caer en el error, bajo la excusa de facilitar que el gobierno nos cuide, de eliminar las garantías que nos cuidan a nosotros del mismo gobierno”.
Pero el combate al lavado de activos requiere de estrategias complejas más que de posiciones principistas extremas.
“El Perú es el primer, tal vez el segundo, país productor de cocaína del mundo. Enfrenta una realidad decreciente en seguridad, y una progresiva presencia de bandas organizadas criminales, una realidad que debe enfrentarse de raíz”, afirmó Sergio Espinosa, superintendente de la UIF peruana.
Los delitos fuente del lavado de activos son la evasión tributaria, los delitos aduaneros, la corrupción de funcionarios, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. En vista de la naturaleza transnacional de muchos de estos crímenes, el lavado de activos implica la triangulación de dinero negro en el ámbito internacional.
La subvaluación o sobrevaloración de partidas de comercio exterior es uno de los mecanismos clásicos del narcotráfico para blanquear el dinero ilícito.
Solo en el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) tiene registrados a 812 mil contribuyentes que declaran dedicarse a la exportación y/o importación de bienes y servicios, describió Víctor Ramos, intendente nacional de Cumplimiento Tributario de la SUNAT. En el 2012, las pequeñas empresas exportaron ni más ni menos 7 mil millones de soles e importaron mil millones. “¿Qué pasó con el dinero?”, arqueó las cejas el funcionario.
“El lavado de activos es un hijo parricida del libre mercado”, calificó Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, en la inauguración del congreso de la ASBANC.
Negar a la UIF –unidad encargada de realizar el análisis de inteligencia sobre las operaciones de lavado de activos, adscrita a la SBS– el acceso al secreto bancario y la reserva tributaria de los individuos y empresas sobre quienes el sistema financiero reporta operaciones sospechosas, es un anacronismo riesgoso. (Marco Zileri)