Realizan conversatorio “La declaratoria de estados de emergencia en el Perú”

LIMA. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), realizó el primer conversatorio del ciclo denominado Crisis política, violencia y polarización en el Perú, el cual surge de una preocupación por el contexto social y político actual

El ciclo, que tuvo lugar el pasado 29 de marzo, consta de tres conversatorios en los que se pondrán

La primera fecha fue coorganizada con la Maestría en Derechos Humanos y abordó la declaratoria de estados de emergencia en el Perú. Los ponentes fueron la Mg. Iris Jave, docente en la PUCP e investigadora en temas de memoria, justicia transicional y dinámicas de participación política en el IDEHPUCP; el Dr. Abraham Siles, profesor de la PUCP y especialista en Derecho Constitucional; y el Dr. Jefrey Gamarra, profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) e investigador en temas de violencia, radicalismo político y sociedades subnacionales.

Las intervenciones iniciaron con un recorrido histórico y contextual regional de los estados de emergencia y su relación con los derechos humanos. Siles recuerdó que los orígenes históricos de esta figura datan de la época de los gobiernos militares (1968-80), que la emplearon sin base constitucional para perseguir a los opositores y a quienes luchaban por derechos y por democracia. Durante el conflicto armado interno, fue una herramienta usada para enfrentar la subversión. A su vez, hace notar que, tras observar a otros países de la región, se constata que los estados de emergencia son un mecanismo que suele afectar los derechos fundamentales bajo cualquier régimen político.

Esto es posible en vista de las características de este estado de excepción, como explicará Siles. Por un lado, el problema reside en que este establece la autoinvestidura del Ejecutivo, es decir, es el mismo ejecutivo el que determina si hay una situación de emergencia y asume poderes extraordinarios. Puesto que este régimen de emergencia supone, en general, una concentración de poder, afirma el profesor Siles, se hace posible incidir en los derechos humanos fundamentales, así como ordenar la intervención de las fuerzas armadas en reemplazo de la fuerza policial.

Además de ello, en una situación de emergencia deberían operar adecuadamente los órganos de control, pues se requiere un balance del poder ejecutivo; sin embargo, en la práctica no ocurre eso (por ejemplo, el Congreso que no cumple el rol de control político). Por último, los estados de excepción requieren de una justificación especial, una situación en la que esté en riesgo la vida de la nación. No obstante, considera que las justificaciones empleadas desde diciembre, no son suficientemente detalladas para evaluar si amerita introducir un régimen excepcional.

A la par de esta mirada desde el derecho, se suma la reflexión del profesor Jefrey Gamarra, con un enfoque desde las ciencias sociales y la antropología. Considera que los estados de excepción no solo han sido usados por gobiernos autoritarios, sino también por democracias, como sucedió en el caso peruano. Desde las ciencias sociales, se observa que el Estado de excepción pretende que los ciudadanos se rijan, temporalmente, por pautas y reglas establecidas desde el gobierno central, esto es, busca regular la conducta de los individuos, con lo cual el vínculo social pasa a ser intermediado por el Estado.

Así, nos invita a que consideremos dos factores relacionados a esta intermediación del Estado; primero, la territorialización del estado de excepción y de los homo sacer, una categoría empleada por el filósofo italiano Giorgio Agamben para designar a los individuos que están en un estado de desprotección de sus derechos. Esto se ejemplifica en el hecho de que el más reciente estado de emergencia no fue declarado en todo el país, sino en sólo unas regiones, lo cual es inseparable de la estigmatización de determinadas culturas o peruanos, los más expuestos a ser considerados homo sacer.

El segundo aspecto que nos llama a considerar es el de temporalidad, es decir, la duración de las medidas de excepción. La prolongación indefinida del estado de emergencia puede ser expresión de un comportamiento antidemocrático y autoritario. Una situación de excepción prolongada genera una destrucción del tejido social. Siendo así que, en regiones como Ayacucho, en la que el ciudadano sigue rigiéndose por una memoria del estado de excepción, su comportamiento y acceso a derechos se ven seriamente afectados.

Por su parte, Jave retoma el punto de los regímenes, tanto democráticos como autoritarios, que incurren en una normalización o naturalización del estado de emergencia que tiene consecuencias en la vida de las personas. Menciona que en los “regímenes híbridos” de la actualidad las debilidades institucionales permiten que se apele a esta práctica, inmediatamente, para resolver los conflictos, aludiendo al resguardo de la seguridad. Sin embargo, señala que esta no es sólo una mala práctica, sino que constituye una comprensión distorsionada de la democracia que lleva a la criminalización del derecho a la protesta.

De esta manera, representa un peligro para los derechos humanos, pues se contradicen o ignoran normativas nacionales e internacionales, pues las decisiones terminan estando a discreción de quién tiene el poder. Jave explica que se suele apelar a un “otro”, un enemigo interno para explicar un uso excesivo de la violencia, ya sea física o simbólica. Esto se hace notar en las normas que buscan restringir los derechos humanos o en la delegación del poder político a las fuerzas militares, las cuales, según expertos en seguridad ciudadana, no están preparadas para resguardar a la población en esos contextos.

Finalmente, antes de concluir la primera sesión, los expositores hicieron unas reflexiones finales sobre las intervenciones del panel. Así, el Dr. Siles, retoma el punto de la normalización de la emergencia, con prórrogas continuas, uso frecuente y con sesgos hacia poblaciones vulnerables. Llama la atención sobre la distorsión y la erosión del estado constitucional de derecho cuando la excepción se convierte en situación permanente. Resalta que los derechos humanos son el fundamento del concepto de democracia constitucional y que en la práctica se han visto agraviados por el ejercicio desmesurado del poder público.

En línea con esta intervención, el Dr. Gamarra afirma que, a pesar de que en el derecho se estipula que bajo un estado de excepción no se suspenden los derechos, en la cotidianeidad los homo sacer se encuentran en una situación de vacío jurídico en el que no tienen derechos. Esta situación tiene una asociación con el concepto de wakcha, palabra que en quechua designa al pobre, pero también al que no tiene derechos (a la tierra, a la participación en comunidad, etc.). Este efecto, que se evidenció en el Perú durante la época de violencia, implica, empleando el conocido concepto de Hannah Arendt, una banalización de los estados de emergencia. La consecuencia social de aquellos con temporalidad extendida y en territorios con población mayoritariamente aimara o quechua es laestigmatización, como ocurrió con la población ayacuchana.

Para concluir, la Mg. Jave incide sobre los mecanismos de funcionamiento de los medios y cómo, tomando el ejemplo de la estigmatización, estos construyen determinadas narrativas. Los medios, esto es, quienes producen la información, son portadores de sentidos, en tanto difunden, transmiten y replican un conjunto de creencias y valores. Sobre el impacto de los estados de emergencia en la libertad de expresión, recuerda que esta se ha visto restringida, sin distinción del rol que tenían.

Advierte sobre el papel de las redes sociales en la rápida difusión de información, pero también de desinformación en base a intereses y, muchas veces, falsa. Señala que comprender estas dinámicas es crucial para revertir roles que replican los medios de comunicación en la estigmatización y construcción de narrativas

Se trató, en suma, de un abordaje multidisciplinario a los estados de emergencia, en el cual se resaltó la amenaza que su uso recurrente supone para los derechos humanos de la población. Este fue el primero de un ciclo de tres conversatorios sobre la crítica situación política y social por la que está atravesando nuestro país.

Nota publicada originalmente en Idehpup.

Puedes ver de nuevo el conversatorio aquí.