El Ministerio Público concluyó hoy su alegato acusatorio contra el ex presidente Alberto Fujimori para quien solicitó la pena de 30 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y contra el cuerpo, la vida y la salud en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
«Los hechos de asesinato revisten suma gravedad, y dadas las condiciones del acusado, no existe ninguna circunstancia atenuante», señaló en su alegato final el fiscal supremo titular de Perú, José Peláez Bardales.
Precisó que el delito de homicidio calificado responde al asesinato, cometido por el grupo militar encubierto Colina, de 15 personas en la zona de Barrios Altos en 1991 y de nueve estudiantes y un profesor de la universidad La Cantuta en el año 1992.
En tanto se configura delito contra el cuerpo, la vida y la salud por los casos del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, que fueron secuestrados por el Servicio de Inteligencia del Ejército en 1992, después del «autogolpe» de Estado del ex mandatario.
Cien millones de soles de indemnización
Peláez Bardales solicitó también al Tribunal se imponga al procesado, el pago de una indemnización de cien millones de nuevos soles, unos 33 millones de dólares, para ser distribuidas entre las familias de las víctimas así como una reparación de trescientos mil soles, unos cien mil dólares para los secuestrados Gorriti y Dyer.
De acuerdo a la acusación fiscal, los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta, así como los secuestros fueron llevados a cabo con una estructura de poder, aprovechando su condición de jefe de Estado.
Peláez precisó que Fujimori, en su calidad de presidente de la República, detentó el máximo cargo en la «estructura de poder», levantada en forma secreta al interior de su gobierno para combatir el terrorismo aplicando una política paralela a la oficial y en la que se aprobaron ejecuciones extrajudiciales y torturas.
En el alegato fiscal se detalló que los homicidios fueron cometidos por «una pluralidad de agentes», encubiertos en el grupo Colina, los mismos que respondieron a las órdenes de un aparato organizado de poder como instrumentos de un «autor mediato».
Tras concluir hoy el alegato fiscal, se espera iniciar el lunes la exposición de los cinco abogados de la parte civil que intervienen en el proceso, posteriormente le tocará el turno a la defensa de Fujimori, con César Nakasaki a la cabeza y finalmente le tocará el turno al propio acusado.
El proceso concluirá con la lectura de la sentencia que se encuentra prevista para marzo próximo.