En el Huallaga hay todavía dirigentes cocaleros que se muestran preocupados por el crecimiento del narcotráfico y quieren diversificar sus productos.
Ejemplo de ello es Flavio Sánchez, dirigente histórico de Aguaytía que ha presentado varios proyectos de desarrollo.
También están los otros, lamentablemente la mayoría, que ahora tienen poder político y usufructúan del dinero y las comodidades del Estado, pero que, al mismo tiempo, petardean a la democracia y a sus instituciones.
Estos personajes hace mucho tiempo abandonaron la agenda reivindicativa del agricultor cocalero, ahora son operadores de los intereses más disímiles: unos se declaran nacionalistas; sin embargo, sus discursos son modulados por los dólares que da el petróleo caribeño.
Otros reciben directivas de un personaje conocido como *el Prefecto*, que no es otro sino el terrorista *Artemio*, que también está dejando los lineamientos de Abimael Guzmán por los dólares sucios de la cocaína.
Los promotores de la huelga cocalera son dos personajes: una ex candidata a la Municipalidad de Aucayacu por el Partido Nacionalista Peruano, comerciante y dirigente del mercado local. Igual que los máximos dirigentes de la Conpaccp y la Cenacop, no tiene parcela de coca, pero representa a ese sector.
El segundo promotor es el brazo derecho de un personaje que se acogió a la Ley de Arrepentimiento para casos de terrorismo. A diferencia de nuestro primer personaje sí cultiva varias hectáreas de coca, pero no vende ni una arroba a Enaco. Es obvio dónde termina toda su producción.
Las principales bases para la anunciada huelga son los pequeños centros poblados ubicados entre Aucayacu y Tocache, precisamente las zonas que en los últimos tres años reportaron el mayor crecimiento de cultivos ilegales, que a la vez son las de influencia directa del grupo terrorista. Estamos hablando de Yanajanca, Madre Mía, Huamuco, La Morada, los sectores I y II de Aucayacu y Túpac Amaru.
Como en la anterior huelga, el principal reclamo es el cese de las acciones de interdicción (destrucción de las pozas de maceración) y erradicación de la coca ilegal. ¿Se puede negociar esto? Por la salud pública, el principio de autoridad y por la seguridad nacional, esperemos que no.
Se han manifestado en contra de la huelga, casi unánimemente, los pobladores e instituciones de Tingo María y Huánuco. La cámara de comercio regional ha calculado en 4 millones de soles las pérdidas diarias por la huelga cocalera del mes de junio.
Las cosas están divididas en Aucayacu, sin embargo, como en anteriores situaciones, las órdenes vendrán del monte y podrían bloquearse algunos tramos de la carretera Fernando Belaunde Terry.
En el tratamiento de los conflictos sociales siguen ausentes los operadores políticos del Gobierno. Precisamente en Huánuco los líos intestinos del Apra están ventilándose en las calles. A un año de las elecciones, una facción sigue denunciando que su compañero le robó la curul parlamentaria, mientras el otro grupo reclama puestos públicos para su gente.
Mientras esto sucede, los expertos en bloquear carreteras y tomar ciudades están ganando con la desinformación, la mente de las masas.
Sobre la base de una agenda definida, es importante que el gobierno regional y las instituciones vinculadas en la lucha contra las drogas sigan empujando la mesa de diálogo con los cocaleros. También sería importante que el Gobierno Central sepa identificar a los actores que solamente son elementos de desestabilización política y representan a los intereses descritos anteriormente. Con ellos no habría nada que negociar, solo aplicar la fuerza pública y la ley, de lo contrario la percepción de debilidad del Gobierno, que va apoderándose de la gente, puede crecer aun más y podría ser muy peligroso.