¿Quién detiene los asaltos en las carreteras del Huallaga?

Las carreteras del Alto Huallaga están tomadas por los delincuentes. El último fin de semana se han registrado hasta tres asaltos a mano armada muy cerca de Aucayacu, con el saldo de varios heridos por proyectiles de arma de fuego y la pérdida patrimonial de los pasajeros y transportistas que utilizan esa importante vía de comunicación. 


Frente a esta crítica situación la respuesta de la policía nacional es la de siempre: no hay suficiente personal para realizar patrullajes en todas las vías de comunicación, con lo cual los ciudadanos estamos completamente desprotegidos y a merced de los facinerosos.  


Lo curioso es que estos delitos se presentan con mayor frecuencia e impunidad en vísperas de la celebración de las más importantes fiestas nacionales y regionales: antes de navidad y año nuevo, en las fiestas de San Juan y ahora días antes de las fiestas patrias. 


Lamentablemente la capacidad de prevenir estos actos criminales por parte de la policía es nula. Es como si no les importara y sólo se limitan a registrar las ocasionales denuncias de las víctimas. Nos preguntamos ¿hasta cuando va continuar esto? 


Señor general Edwin Palomino Vega, Jefe del Frente Policial Huallaga, por favor deje sus cómodas oficinas y ordene a su personal para que cumpla con su responsabilidad constitucional de preservar el orden público y la seguridad ciudadana.


Si esto es mucho pedir, entonces exigimos el pronunciamiento inmediato del alcalde provincial y los alcaldes distritales solicitando la renovación del personal policial, con otros más profesionales que expresen el ánimo de trabajar y de cumplir con su responsabilidad.


¿Cómo vamos a atraer el turismo interno ni no estamos en la capacidad de brindar las mínimas garantías de seguridad en las carreteras? ¿Hasta cuando el Alto Huallaga será sinónimo de violencia e inseguridad? 


No podemos, no debemos acostumbrarnos a convivir con ningún tipo de delincuencia. Somos ciudadanos con plenos derechos y como tales reclamamos a nuestras autoridades las garantías para vivir en una sociedad donde se respete nuestra vida y nuestras propiedades.


Si el Estado y sus instituciones, especialmente la policía nacional, no están en capacidad de asegurarnos estos derechos básicos, entonces pierde sentido hablar de democracia y estado de derecho y regresaríamos a épocas primitivas donde cada uno resuelve sus problemas por sus propios medios.