Por una arroba de hoja de coca, materia prima de la cocaína, un campesino del Vraem recibe hasta 120 soles en el mercado negro. También puede percibir 25 soles diarios por pisar hojas en una poza de maceración, o US$15 por habilitar pistas clandestinas de donde toneladas de droga salen a Bolivia o Brasil.
En el Perú, se producen 400 toneladas de cocaína al año, y somos su principal exportador en el mundo. Se calcula que la ilegal actividad mueve US$6.500 millones en el país. ¿Qué hacer?
Luego de que el sector Defensa diera a conocer el pasado 12 de enero el protocolo que seguirán las fuerzas del orden para el derribo de naves “hostiles” en zonas de influencia del narcotráfico, El Comercio planteó a los candidatos que lideran los sondeos preguntas sobre cinco ejes claves en la lucha contra este flagelo: cómo insertar al cocalero en una economía lícita, qué hacer con las narcoavionetas, y los insumos químicos, cómo mejorar el rol de las fuerzas del orden y evitar su financiamiento.
Las respuestas llegaron desde las tiendas de Pedro Pablo Kuczynski, César Acuña y Alan García. No ocurrió así con las de Keiko Fujimori, quien lidera las encuestas, y del ex mandatario Alejandro Toledo, quien ha sido desplazado del quinto lugar por Julio Guzmán (Todos por el Perú).
Para insertar a los campesinos en el mercado, el candidato de Alianza Popular (Apra-PPC), Alan García, plantea cultivos alternativos, previa erradicación forzada de cocales ilegales.
Estos programas ya existen, pero solo han tenido éxito en regiones como San Martín y Huánuco. En zonas convulsionadas como el Vraem el Estado aún no entra a erradicar, y solo ha implementado una reconversión voluntaria de cultivos de hoja de coca. Kuczynski y Acuña hablan además de inversión en infraestructura (postas médicas, colegios, carreteras).
Para que los insumos químicos no lleguen a las pozas de maceración, PPK anuncia un plan de lucha contra el desvío de estas sustancias. Actualmente, 40.000 toneladas se usan al año para elaborar cocaína, por lo que Acuña y García se comprometen a fiscalizar a la Sunat, ente encargado de controlar el comercio de estos productos.
En cuanto a las narcoavionetas, los dos últimos también prometen instalar más radares (ahora tenemos uno). Mientras que PPK sorprende con una medida radical: la desactivación de Devida, órgano encargado de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas.
“Devida ha quedado rebasada y planteamos un nuevo marco institucional que permita enfrentar con más firmeza el narcotráfico”, dice el encargado de este capítulo, Rubén Vargas. En conversación con este Diario, el jefe de Devida, Alberto Otárola, rechazó esta propuesta y destacó logros de la entidad como “la asistencia a más de 57 mil hectáreas de cultivos alternativos en beneficio de unas 50 mil familias”. También pidió que PPK explique en qué consiste “esta idea peregrina”, e invocó a los candidatos a hacer propuestas que consoliden lo avanzado en atención básica y cultivos alternativos.
¿Más de lo mismo?
El analista Pedro Yaranga consideró “muy genéricas” las propuestas de los tres candidatos. Sí destacó que ofrezcan más radares para la interdicción de avionetas, y más infraestructura para el Vraem, aunque sugirió que no se piense en postas, sino en hospitales.
Para el experto en temas de seguridad y narcotráfico Federico Tong, la lucha antidrogas en el país sí necesita “una autoridad con mando”, y que no solo coordine con la Sunat, la policía o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). También opinó que esta facultad puede ser asumida por Devida, pero con mayores atribuciones. Rocío La Rosa Vásquez