Ante la polémica desatada por el denominado “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el Suministro de Electricidad al Perú y Exportación de Excedentes al Brasil” el gobierno regional de Puno propuso que sea el próximo Congreso -y no éste- quien se pronuncie sobre su ratificación.
“Antes de ratificar este acuerdo es necesario determinar con claridad los beneficios e impactos negativos que traerá para el país, ya que se están comprometiendo los recursos energéticos presentes y futuros para la construcción de grandes hidroeléctricas en diversos lugares del territorio nacional” señala el documento que firma el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez.
Asimismo, considera que cualquier acuerdo de estas características debe contemplar el compromiso claro y concreto de cumplir los estándares sociales y ambientales más elevados.
Agrega que es necesario el desarrollo de capacidades en todas las instancias involucradas y el establecimiento de comisiones independientes encargadas de velar el cumplimiento de los mismos.
Cabe recordar que el acuerdo, suscrito el 16 de junio de 2010, en la ciudad de Manaos (Brasil), compromete al Perú a exportar hasta 7,200 MW de potencia energética al mercado brasileño.
Para cubrir esa demanda se construirían los proyectos hidroeléctricos de Inambari (2000 MW) en los límites de Puno, Cusco y Madre de Dios; Pakitzapango (2200 MW); Tambo 40 (1287 MW) y Tambo 60 (579 MW) en Junín y; Mainique 1 que se proyectaba sobre el Río Urubamba (Cusco).
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