El presidente del Foro Ecológico, Sandro Chávez, subrayó que los inversionistas y el Estado deben entender que los pueblos originarios del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) están en el pleno y justo derecho de ser consultados antes de dar una opinión favorable o en contra de algún proyecto que se pueda realizar en su territorio.
En el programa Diálogo Ciudadano de INFOREGIÓN que se transmite desde San Francisco hacia todo el VRAE, señaló que es fundamental que las empresas empiecen a tomar en serio las demandas de las poblaciones, sino el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, tendrá que obligarlas a que cumplan con escuchar esos pedidos.
“La ley recientemente aprobada, lo que hace es formalizar el convenio 169 de la OIT. Debemos reconocer que es un paso trascendental en el reconocimiento y cumplimiento de una agenda pendiente que tenía el Estado, debido a que lamentablemente los gobiernos han ido retrasando su aplicación”, precisó el experto.
En otro momento, sostuvo que la ley pone mucho énfasis en la actuación del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa). Por ello, consideró que, en las actuales condiciones en las que se encuentra esa organización, es necesario iniciar su reestructuración para que la ley funcione adecuadamente. “Se deben tomar en cuenta, sobre todo, a las organizaciones comunales de las zonas que resultarían afectadas”, agregó.
“Una consulta previa es un mecanismo que tiene alrededor de siete pasos para consultar a las poblaciones. Las empresas gasíferas, petrolíferas o mineras tendrán que demostrarle a los pobladores que la inversión que se va a realizar no afectará a su territorio, ambiente, recursos naturales ni mucho menos a su cultura”, aseveró.
Chávez dijo que las comunidades originarias están en el derecho de pedir asesoramiento de las instituciones del Estado y ONG’s. “Esta asesoría no debe ser entendida, como algunos señalan maliciosamente, que los que asesoran son enemigos del desarrollo por oponerse a negociaciones que son muchas veces lesivas a las comunidades”, manifestó.
El presidente del Foro Ecológico también se mostró muy preocupado porque debido a negociaciones inadecuadas, en nuestro país existen más de 150 conflictos socioambientales, de los cuales el 70% son a consecuencia de problemas ambientales.
Finalmente, afirmó que los gobiernos regionales y locales deberían crear fondos que sirvan para contratar asesores que cumplan con informar a los pobladores, a fin de que puedan negociar en igualdad de condiciones con los empresarios.
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