LORETO. La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), con sus más de 50 comunidades base procedentes de los pueblos originarios kukama y urarinas, ubicados en la cuenca del Marañón y Chambira, en la región Loreto, denuncian públicamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y al Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Profonanpe) por frenar el proceso de remediación ambiental en sus territorios.
En un comunicado difundido el 16 de agosto, la Acodecospat, que también forma parte de la organización indígena nacional Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), informó que el Minem lleva a cabo acciones deliberadas en perjuicio de sus comunidades, “al anular todo proceso de remediación”, el mismo que debió iniciarse en 2015.
Asimismo, señaló que el Profonanpe ha mostrado una gestión “negligente” en la conducción de los acuerdos de la Junta de Administración, establecida para ejecutar la implementación de los recursos del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.
Según el pronunciamiento, “el desentendimiento y la larga supeditación a entidades como el Minem que traban el proceso es injustificable”, dado que el Profonanpe tiene la potestad para dar viabilidad al proceso de remediación ambiental, como responsable de la Secretaría Técnica Administrativa y Financiera de la Junta de Administración.
“Esta incomprensible burocracia, mala fe e indolencia, representa para nosotros una nueva y grave afectación no solo ambiental, sino social, cultural, incluso psicológica, en buena cuenta, una nueva afectación a nuestros derechos colectivos, los cuales son vulnerados por el Estado sistemáticamente”, se lee en el documento.
Por otro lado, la Acodecospat también denunció al Ministerio de Salud (Minsa) de carecer, hasta la fecha, de “toda estrategia y voluntad política” para brindar atención médica especializada que requieren, con urgencia, las comunidades indígenas, como en los casos de intoxicación por metales pesados.
Sitios impactados por derrames de petróleo
En 2019, la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental aprobó la priorización de 11 sitios impactados en la cuenca del río Marañón y Chambira, principalmente debido a derrames de petróleo. Tras cuatro años transcurridos, las comunidades que conforman Acodecospat se cuestionan cuánto tiempo más el Estado prolongará su espera a que se ejecuten las medidas de remediación, y cuánto más tendrán que soportar la exposición continua a la contaminación.
En tal sentido, aunque reconocen “las complejidades propias para sacar adelante procesos técnicos-administrativos estatales”, exhortan al Minem, en su calidad de ente rector, y al Profonanpe, como secretaría técnica, asumir “las riendas delegadas a su cargo para dar celeridad del caso”, que es “lo mínimo que merecen como pueblos con historia, cultura e inteligencia ancestral”. Esta petición se basa en que consideran “injustificable la respuesta indolente recibida”, sobre todo, al tener conocimiento del sufrimiento y daño que padecen.
Lucha en defensa de sus territorios indígenas
“Hemos sostenido, por más de 20 años, una tenaz y muy desigual lucha en defensa de nuestros territorios, los cuales han sido envenenados durante medio siglo por derrames de petróleo de empresas extranjeras y nacionales, sin que estas sean sancionadas o detenidas por el Estado peruano. […] Actualmente, los sitios identificados como impactados no llegarían ni al 10% del total de las zonas con derrames denunciados por nuestras comunidades a lo largo de las cuencas del Marañón y Chambira”, sostiene el comunicado.
Para la Acodecospat, esto demuestra que, “en materia de manejo ambiental por afectación de hidrocarburos, el Estado está sumamente atrasado”. Cabe precisar que la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental se conforma por un máximo de nueve integrantes, que incluye a los delegados de cada una de las cuatro cuencas amazónicas (los ríos Pastaza, Corrientes, Marañón y Chambira, y el Alto Tigre).
Además, incorpora a un representante del Minem, otro del Minsa, uno del Ministerio del Ambiente (Minam), uno del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), y uno del Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri). Desde julio de 2020, se incorporó al Profonanpe.